La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica regula la organizacion, funcionamiento y coordinacion de las instituciones de seguridad publica en Mexico, estableciendo un marco normativo para garantizar la seguridad de la poblacion. Esta ley aplica a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, asi como a las instituciones de seguridad publica y a los cuerpos de policia. Entre los temas principales que cubre se encuentran la planeacion, la evaluacion y la profesionalizacion de las fuerzas de seguridad, asi como la participacion ciudadana en la seguridad publica. Su importancia practica radica en que proporciona a abogados, contadores y ciudadanos un entendimiento claro de los derechos y obligaciones en materia de seguridad, promoviendo una cultura de legalidad y confianza en las instituciones encargadas de la seguridad publica.
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La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública regula la organización y funcionamiento del sistema de seguridad en México. Establece la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública en el país.
La seguridad pública es una función del Estado que busca salvaguardar los derechos y la integridad de las personas. Incluye la prevención, investigación y sanción de delitos, así como la reinserción social de sentenciados.
Define el Sistema Nacional de Seguridad Pública como un conjunto de instituciones y normas que operan para cumplir con los fines de seguridad pública. Incluye diversas instancias de coordinación.
Este artículo establece definiciones importantes para la interpretación de la Ley, incluyendo términos como 'Academias', 'Centros de Comando' y 'Consejos Nacionales'.
Las instituciones de seguridad pública deben regirse por principios de legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, promoviendo la inclusión y la participación ciudadana.
El Estado desarrollará políticas integrales para prevenir la violencia y el delito, abordando sus causas y fomentando valores de respeto y convivencia social.
Se promueve la participación social en el diseño y evaluación de políticas de seguridad, integrando a diversos sectores de la comunidad en el proceso.
Establece los fines de la Ley, incluyendo la formulación de políticas y la distribución de competencias entre los diferentes órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
Define las competencias de la Federación en materia de seguridad pública, incluyendo la formulación de políticas y la coordinación con otros niveles de gobierno.
Establece las responsabilidades de la Federación, entidades federativas y municipios en el cumplimiento de la Ley y la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Detalla las competencias de los poderes ejecutivos de las entidades federativas en la formulación y coordinación de estrategias de seguridad pública.
Define las responsabilidades de los presidentes municipales en la coordinación y desarrollo de políticas de seguridad pública en sus localidades.
Describe la integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo diversas conferencias y consejos que facilitan su funcionamiento.
El Gabinete Federal coordina las acciones de seguridad pública a nivel federal y define políticas públicas en esta materia.
El Poder Judicial colabora con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la formulación de estudios y acciones para cumplir con los fines de seguridad.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública está compuesto por diversas autoridades, incluyendo la Presidencia de la República y secretarías clave. Este consejo puede invitar a expertos y representantes de la sociedad civil para contribuir a la seguridad pública.
El Consejo Nacional se reunirá al menos una vez al año y tomará decisiones por mayoría. Los acuerdos deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
El pleno del Consejo Nacional tiene funciones que incluyen establecer políticas públicas y promover la coordinación entre instituciones de seguridad. También se encarga de evaluar el cumplimiento de programas de seguridad.
El pleno del Consejo Nacional puede auxiliarse de comisiones para mejorar su desempeño y seguimiento de funciones. Estas comisiones pueden incluir expertos de diversas áreas.
El Gabinete Federal es el órgano de decisión en materia de seguridad pública y está compuesto por diversas secretarías y organismos. Sesiona de forma ordinaria y extraordinaria según lo determine su presidencia.
El Gabinete Federal tiene funciones que incluyen analizar delitos de alto impacto y coordinar acciones operativas. También evalúa la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Las Conferencias Nacionales son mecanismos de coordinación para la formulación y ejecución de políticas de seguridad pública. Estas conferencias deben seguir los acuerdos del Consejo Nacional.
Las Presidencias de las Conferencias Nacionales pueden establecer diálogos para mejorar la coordinación y compartir buenas prácticas. Esto busca optimizar la implementación de políticas de seguridad.
Las Conferencias Nacionales pueden celebrar sesiones conjuntas para proponer acuerdos y recomendaciones en sus competencias. Esto fortalece la colaboración interinstitucional.
Esta conferencia está integrada por titulares de secretarías de seguridad de las entidades federativas y coordina acciones en materia de seguridad pública. Es presidida por la Secretaría correspondiente.
La Conferencia Nacional de Secretarías tiene funciones que incluyen impulsar la coordinación y promover la capacitación de instituciones policiales. También elabora propuestas de reformas en seguridad pública.
La Conferencia Nacional de Secretarías sesionará ordinariamente una vez al año y de manera extraordinaria cuando sea necesario. Esto permite un seguimiento constante de las acciones en seguridad.
Esta conferencia está integrada por titulares de instituciones de procuración de justicia y es presidida por la Fiscalía General de la República. Su objetivo es coordinar acciones en esta materia.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tiene funciones que incluyen formular políticas y promover la colaboración entre instituciones. También se encarga de evaluar acciones en procuración de justicia.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sesionará de forma ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria cuando sea necesario. Esto permite un seguimiento constante de las políticas de procuración.
Este articulo establece la integración y presidencia de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que incluye a titulares de órganos de prevención y reinserción social. Además, se menciona la participación del Secretariado Ejecutivo sin voto.
Este articulo detalla las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, incluyendo la coordinación, capacitación y certificación de centros penitenciarios. También se enfoca en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Este articulo establece la frecuencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. La presidencia tiene la facultad de convocar y definir el orden del día.
Este articulo describe la composición y funcionamiento de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que incluye a representantes de municipios y demarcaciones de la Ciudad de México. Se establece la figura de un presidente designado por el pleno.
Este articulo enumera las funciones de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que incluyen la propuesta de políticas y programas de cooperación en materia de seguridad. También se enfoca en el fortalecimiento de las dependencias de seguridad pública.
Este articulo regula la frecuencia de las sesiones de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que se llevarán a cabo de forma ordinaria y extraordinaria. La organización de las sesiones es responsabilidad de la persona que presida.
Este articulo define las mesas de paz como instancias de decisión y coordinación en materia de seguridad pública, así como los consejos locales que definen políticas públicas en las entidades federativas. Se establece la importancia de la coordinación entre instituciones.
Este articulo establece la obligación de las entidades federativas de crear consejos locales para la coordinación y planeación del sistema de seguridad pública. Se enfatiza la participación de municipios y comunidades indígenas.
Este articulo establece que los poderes ejecutivos de las entidades federativas deben designar representantes permanentes ante el Secretariado Ejecutivo. Estos representantes tienen funciones específicas relacionadas con la implementación de la ley.
Este articulo permite a los poderes ejecutivos replicar el modelo de Gabinete Federal a través de mesas de paz en sus respectivos ámbitos. Se detallan los asistentes y la frecuencia de las sesiones.
Este articulo enumera los objetivos de las mesas de paz, que incluyen el análisis de delitos de alto impacto y la coordinación de acciones de gobierno. Se busca evaluar y diseñar estrategias de seguridad pública.
Este articulo define el mando único como un modelo de coordinación policial donde se centralizan las labores de seguridad en una sola institución. Se establecen condiciones para su implementación.
Este articulo describe el mando coordinado como un modelo donde se centralizan las labores operativas de seguridad, mientras que las administrativas permanecen en manos municipales. Se permite establecer convenios para su implementación.
Este articulo permite la creación de instancias de coordinación entre entidades federativas y municipios para la seguridad pública. Se establecen lineamientos para su formalización y funcionamiento.
Este articulo establece al Secretariado Ejecutivo como el órgano operativo del Sistema, con autonomía técnica y de gestión. Se menciona la necesidad de contar con centros nacionales y unidades administrativas.
El artículo establece los requisitos que debe cumplir la persona titular del Secretariado Ejecutivo, incluyendo ser ciudadano mexicano, tener más de treinta años y contar con un título profesional. Estos criterios son fundamentales para asegurar la idoneidad en el cargo.
Este artículo detalla las funciones y responsabilidades de la persona titular del Secretariado Ejecutivo, incluyendo la ejecución de acuerdos y la coordinación de políticas de seguridad pública. Su papel es vital para el funcionamiento del sistema de seguridad.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben coordinarse para cumplir con los fines de seguridad pública, conforme a la Constitución y la Ley. Esta coordinación es esencial para una respuesta efectiva ante situaciones de emergencia.
El artículo enumera las funciones de las Instituciones Policiales de la Federación, que incluyen labores de primer respondiente y análisis criminal. Estas funciones son clave para la prevención y persecución de delitos.
Las Instituciones Policiales de las entidades federativas tienen funciones específicas para prevenir delitos y colaborar con autoridades federales. Esto asegura un enfoque integral en la seguridad pública.
Las Instituciones Policiales de las entidades federativas deben contar con diversas unidades administrativas para abordar diferentes aspectos de la seguridad pública. Esta estructura es fundamental para una respuesta efectiva.
Las Policías Municipales tienen funciones de proximidad y prevención del delito, además de colaborar con otras instituciones de seguridad. Su papel es esencial en el ámbito local.
Las Instituciones Policiales de los municipios deben cumplir ciertos requisitos para obtener la certificación institucional, garantizando así la calidad de su personal. Esto es clave para la confianza pública.
Las unidades de policía encargadas de la investigación de delitos deben coordinarse para un desempeño eficiente de sus funciones. Esto es fundamental para la resolución de casos.
Las policías en instituciones penitenciarias tienen funciones específicas para garantizar la seguridad y el orden en los centros de reinserción social. Su labor es crucial para el sistema penitenciario.
Las Instituciones Policiales pueden contar con cuerpos de policía complementarios para prestar servicios especializados de seguridad. Esto amplía la capacidad de respuesta ante emergencias.
Las Instituciones de Procuración de Justicia se encargan de investigar y perseguir delitos, garantizando los derechos humanos. Su función es clave en el sistema de justicia.
Las Instituciones de Procuración de Justicia deben contar con diversas áreas para abordar diferentes tipos de delitos y brindar atención a víctimas. Esto asegura una respuesta integral.
Las Instituciones de Procuración de Justicia deben coordinarse con las Instituciones Policiales para el ejercicio de sus funciones, manteniendo su autonomía. Esta colaboración es vital para la eficacia del sistema.
El personal de seguridad pública debe someterse a evaluaciones de control de confianza y gozar de derechos laborales. Esto es crucial para garantizar la integridad del servicio.
Este artículo establece que los servicios de seguridad pública deben realizarse en condiciones dignas y equitativas, garantizando la igualdad sustantiva. Además, prohíbe la subcontratación y asegura que el personal tenga acceso a un sistema de seguridad social robusto.
El artículo define el desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública como un proceso para fortalecer su eficiencia y efectividad en la protección de la ciudadanía. Se requiere establecer reglas claras para su organización y funcionamiento.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben emitir normativa específica para regular su desarrollo, incluyendo reglamentos sobre el servicio profesional de carrera y el régimen disciplinario. Esto asegura un marco claro para el funcionamiento interno.
Este artículo establece el servicio profesional de carrera como un sistema obligatorio que regula el reclutamiento, selección y desarrollo de personal en las Instituciones de Seguridad Pública. Se enfoca en la dignidad y derechos humanos.
Los fines del servicio profesional de carrera incluyen garantizar el desarrollo institucional, promover la responsabilidad y fomentar la capacitación continua. Estos objetivos son clave para la efectividad de las Instituciones de Seguridad Pública.
Este artículo establece cómo se clasificará y computará la antigüedad del personal en las Instituciones de Seguridad Pública, diferenciando entre antigüedad en el servicio y en el grado. Esto es vital para la promoción y derechos laborales.
El reclutamiento es un proceso clave para las Instituciones de Seguridad Pública, donde se busca convocar a personas calificadas para ocupar plazas vacantes. Este proceso debe ser transparente y accesible.
La selección consiste en elegir a los aspirantes que cumplan con el perfil requerido para ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública. Este proceso incluye formación y capacitación previa a la aceptación.
El ingreso es el procedimiento que integra a los candidatos a las Instituciones de Seguridad Pública tras completar la formación inicial. Este proceso es crucial para asegurar que solo los calificados sean admitidos.
La promoción es el acto de otorgar un rango superior a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, basado en normativa y vacantes disponibles. Este proceso debe ser justo y transparente.
Este artículo regula el régimen de condecoraciones y reconocimientos en las Instituciones de Seguridad Pública, incentivando el buen desempeño y la lealtad institucional. Cada estímulo debe documentarse adecuadamente.
Las legislaciones deben establecer la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, definiendo categorías y niveles. Esto es esencial para la estructura y funcionamiento de las instituciones.
Este artículo detalla las categorías jerárquicas en las Instituciones de Seguridad Pública, estableciendo niveles que van desde comisarios hasta la escala básica. Esto ayuda a definir roles y responsabilidades.
Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, asegurando que cada célula básica esté compuesta por tres personas. Esto optimiza la estructura operativa.
Se define la escala de rangos policiales como la relación que ordena a los integrantes de las Instituciones Policiales según su categoría y antigüedad. Esto es clave para la gestión del personal.
Este articulo establece que los niveles escalafonarios y los procedimientos de ascenso en las Instituciones de Procuración de Justicia y la Guardia Nacional deben ser definidos en sus respectivas leyes. Es fundamental para la organización y desarrollo profesional dentro de estas instituciones.
La permanencia en el servicio activo de las Instituciones de Seguridad Pública depende del cumplimiento de requisitos establecidos por la Ley. Este artículo es clave para entender las condiciones que rigen la continuidad de los servidores públicos.
Este articulo detalla las causas ordinarias y extraordinarias para la terminación del servicio profesional de carrera, así como los procedimientos de inconformidad. Es esencial para la gestión del personal en las instituciones de seguridad.
La Federación y las entidades federativas deben establecer procedimientos de separación y remoción para los servidores públicos en las Instituciones de Seguridad Pública. Este artículo asegura un marco legal claro para la terminación del servicio.
Las personas en las Instituciones de Seguridad Pública que alcanzan las edades límite para la permanencia pueden ser reubicadas en otras áreas. Este artículo promueve la inclusión y el aprovechamiento del talento en diferentes funciones.
Si un órgano jurisdiccional determina que la separación de un servidor público es injustificada, la institución solo deberá indemnizar y otorgar prestaciones, sin reinstalación. Este artículo protege los derechos de los trabajadores.
Las solicitudes de reingreso al servicio profesional se analizarán y podrán ser concedidas si la baja fue por renuncia. Este artículo establece un camino para la reintegración de personal valioso.
La profesionalización es un proceso continuo que busca desarrollar competencias en los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. Este artículo es clave para entender la formación y actualización del personal.
El programa rector establece lineamientos y contenidos para la profesionalización del personal de seguridad, incluyendo perspectiva de género y derechos humanos. Es fundamental para la formación integral.
Las instituciones de seguridad deben establecer Academias o Institutos para la formación de su personal, cumpliendo con estándares establecidos por el Secretariado Ejecutivo. Este artículo asegura la calidad en la capacitación.
El Secretariado Ejecutivo establece la política nacional de acreditación y certificación para las Instituciones de Seguridad Pública. Este artículo es clave para la regulación y control de calidad en el servicio.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben cumplir con los estándares y evaluaciones del Secretariado Ejecutivo. Este artículo asegura la rendición de cuentas y la mejora continua en el servicio.
La certificación individual es el proceso de evaluación de competencias de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. Este artículo es fundamental para la profesionalización del personal.
El certificado individual es esencial para la permanencia y desarrollo del personal en las Instituciones de Seguridad Pública. Este artículo resalta la necesidad de un registro adecuado de certificaciones.
Las evaluaciones de control de confianza buscan garantizar que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública cumplan con los perfiles aprobados. Este artículo es clave para la seguridad y confianza pública.
Los lineamientos para las evaluaciones de control de confianza deben incluir plazos, vigencia y proceso de revalidación. La revalidación periódica es esencial para la permanencia en el servicio.
Las evaluaciones de control de confianza perderán validez bajo ciertas condiciones, como separación del cargo o falta de revalidación. Es importante actualizar el registro nacional en estos casos.
Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deben someterse a evaluaciones de control de confianza y desempeño. Los resultados son confidenciales, salvo en procedimientos legales.
El servicio profesional de carrera en las Instituciones Policiales incluye aspectos como antigüedad, condecoraciones y requisitos de ingreso. Se debe verificar la autenticidad de los documentos de los aspirantes.
Se establecen requisitos específicos para el ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, incluyendo la ciudadanía, educación y evaluación de control de confianza. Cumplir con estos requisitos es esencial.
Las instancias responsables del Servicio Profesional de Carrera fomentarán la vocación de servicio mediante promoción y reconocimiento. Esto es clave para el desarrollo profesional de los integrantes.
El servicio profesional de carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia abarca a Ministerios Públicos y peritos, con un enfoque en el desarrollo y ascenso basado en el mérito.
El ingreso al servicio profesional de carrera en procuración de justicia se realizará por convocatoria pública, cumpliendo con requisitos específicos como educación y evaluación de confianza.
Se establecen requisitos de permanencia para agentes del Ministerio Público y peritos, que incluyen no haber sido condenados y cumplir con programas de profesionalización.
El Sistema Nacional de Información es un conjunto de registros y bases de datos que permite la consulta e interconexión de las Instituciones de Seguridad Pública para mejorar su desempeño.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben compartir y actualizar información diariamente en el Sistema Nacional de Información, garantizando la veracidad de los datos.
Las Instituciones de Seguridad Pública tendrán acceso a la información del Sistema Nacional de Información para el ejercicio de sus funciones, bajo ciertas condiciones.
La Secretaría tiene atribuciones para operar el Sistema Nacional de Información, implementar políticas de acceso y garantizar la seguridad de la información.
El Secretariado Ejecutivo tiene diversas atribuciones relacionadas con el Sistema Nacional de Información, incluyendo la emisión de políticas y evaluación de la calidad de la información.
El Sistema Nacional de Información se integrará por varios registros nacionales, como el de armamentos y detenciones, regulados por el Secretariado Ejecutivo.
Las Instituciones de Procuración de Justicia deben compartir información para integrar el Registro Nacional de Eficiencia Ministerial. Este registro incluye actas, denuncias y determinaciones ministeriales, garantizando la protección de datos personales.
Las bases de datos son subconjuntos de información sobre incidencia delictiva y procesos penales que comparten las Instituciones de Seguridad Pública. Su correcta gestión es vital para la seguridad pública.
Los Centros de Comando y Control integran tecnología para la atención de emergencias y supervisión operativa. Su función es centralizar el monitoreo y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.
Los Centros de Comando y Control deben seguir normas técnicas y protocolos para garantizar la compatibilidad de servicios. Esto incluye la homologación de sistemas de gestión de incidentes.
Los Centros de Comando y Control son responsables de recibir y gestionar llamadas de emergencia. Deben coordinarse con diversas instancias para asegurar una atención eficaz.
El Secretariado Ejecutivo publicará normas técnicas sobre la atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima. Estas normas son fundamentales para la operación de los Centros de Comando.
Los Centros de Comando deben compartir y actualizar diariamente sus bases de datos de gestión de incidentes. Esto asegura la interconexión con el Sistema Nacional de Información.
Los Centros de Comando y Control deben ser certificados según estándares emitidos por el Secretariado Ejecutivo. Esto asegura la calidad en la operación de sus sistemas.
Los Fondos de Ayuda Federal se destinan a la seguridad pública y se distribuyen según criterios del Consejo Nacional. Su manejo debe ser transparente y específico.
El Secretariado Ejecutivo aprueba proyectos de inversión financiados con los Fondos de Ayuda Federal. Estos deben alinearse con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La Auditoría Superior de la Federación es responsable de auditar los recursos en materia de seguridad pública. Esto asegura la transparencia en el uso de los fondos.
El Secretariado Ejecutivo puede realizar visitas de verificación para asegurar el correcto uso de los recursos. Las entidades deben facilitar estas diligencias.
El Secretariado Ejecutivo puede suspender ministraciones si se detecta incumplimiento tras visitas de verificación. Esto puede incluir la cancelación de recursos.
Se consideran instalaciones estratégicas aquellos bienes destinados a mantener la integridad del Estado. Su protección es responsabilidad de la Federación y las instituciones locales.
Las entidades federativas y municipios deben colaborar en la protección de instalaciones estratégicas. La seguridad perimetral es una de sus responsabilidades.
El Consejo Nacional establecerá los casos y condiciones para el bloqueo de señales de telefonía celular en instalaciones estratégicas y centros penitenciarios. Este bloqueo no excederá de veinte metros fuera de las instalaciones, garantizando la seguridad de los servicios a usuarios externos.
Las personas que presten servicios de seguridad privada deben obtener autorizaciones conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Dependiendo de la cobertura geográfica, se requiere autorización local o federal.
Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de seguridad pública y deben colaborar con las autoridades en situaciones de emergencia. Esto incluye actuar en desastres y seguir las instrucciones de la autoridad competente.
Las personas que presten servicios de seguridad privada deben regirse por esta Ley y compartir datos con el Secretariado Ejecutivo. También deben acreditar evaluaciones y controles de confianza para su personal operativo.
Las personas servidoras públicas de las Instituciones de Seguridad Pública serán investigadas por actos que afecten la legalidad y los derechos humanos. Las sanciones se aplicarán conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las responsabilidades civiles y penales de las personas servidoras públicas se determinarán conforme a las disposiciones legales aplicables. Esto incluye sanciones por incumplimiento de la Ley.
El régimen disciplinario regula la conducta del personal de las Instituciones de Seguridad Pública, estableciendo normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a los derechos humanos.
Las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deben observar principios de disciplina, respeto a las leyes y derechos humanos. Las legislaciones locales establecerán sus propios regímenes disciplinarios.
Las personas en el servicio profesional de carrera deben cumplir con diversas obligaciones, desde la protección de la integridad de las personas hasta la coordinación con otras autoridades. Estas obligaciones son esenciales para el desempeño efectivo de sus funciones.
El régimen disciplinario se aplicará ante el incumplimiento de las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. Las legislaciones locales deberán alinearse con esta Ley.
El incumplimiento de las obligaciones dará lugar a correctivos disciplinarios o sanciones. Estas medidas buscan preservar la disciplina y el orden en las Instituciones de Seguridad Pública.
Los correctivos disciplinarios son medidas impuestas por superiores jerárquicos para faltas que no ameriten sanción administrativa. Su finalidad es preservar la disciplina y el orden en el servicio.
Las sanciones disciplinarias son medidas previstas para el personal que incurra en conductas sancionadas por el régimen disciplinario. Estas sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la falta.
Las faltas se clasificarán en graves y no graves según la normativa interna de cada Institución. Esta clasificación debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad.
Las conductas de violencia de género y acoso deben ser investigadas y sancionadas con perspectiva de género. Las instituciones deben contar con protocolos específicos para atender estas faltas.
El procedimiento sancionador se divide en cinco etapas, desde el inicio hasta la resolución. Las autoridades deben resolver en un plazo máximo de seis meses, y su incumplimiento puede acarrear responsabilidades administrativas.
Las personas removidas de las Instituciones de Seguridad Pública tienen derecho a recibir sus haberes y prestaciones devengadas. Los plazos para reclamar estos derechos son de un año y cuatro meses para impugnar la remoción.
Las sanciones disciplinarias deben registrarse en el expediente personal de los servidores públicos. Este registro es fundamental para la evaluación de su desempeño y futuras promociones.
La prescripción de sanciones disciplinarias varía entre tres y siete años, dependiendo de la gravedad de la infracción. La prescripción se interrumpe con cualquier actuación formal de la autoridad.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con una unidad de asuntos internos para supervisar y verificar el cumplimiento normativo. Esta unidad también puede iniciar investigaciones sobre conductas sancionables.
Las Instituciones de Seguridad Pública deben tener un órgano colegiado encargado de imponer sanciones. Este órgano debe contar con las facultades necesarias para ejercer sus atribuciones.
La unidad de asuntos internos y el órgano colegiado pueden aplicar medidas precautorias para evitar obstrucciones en los procedimientos disciplinarios. Estas medidas son esenciales para proteger la integridad del proceso.
La autoridad encargada de sustanciar el procedimiento administrativo debe ser diferente de la que investiga y resuelve. Esto garantiza imparcialidad en el proceso disciplinario.
Se sancionará con prisión y multas a quienes se abstengan dolosamente de proporcionar información al Sistema Nacional de Información. Las sanciones incluyen destitución e inhabilitación.
Se impondrán penas de prisión y multas a quienes ingresen información errónea o clasificada en el Sistema Nacional de Información. Las sanciones son más severas para servidores públicos.
La falsificación de certificados puede llevar a penas de prisión y multas significativas. Este delito es grave y se sanciona con severidad para proteger la integridad del sistema.
Las sanciones por los delitos previstos en este capítulo no excluyen las penas por otros delitos. Las autoridades federales son competentes para conocer y sancionar estos delitos.
Nuestros especialistas pueden analizar la aplicación de estas disposiciones a tu caso particular.
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