La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano regula el uso del suelo y el desarrollo urbano en el territorio nacional, estableciendo lineamientos para la planeacion y ordenamiento de los asentamientos humanos. Esta ley aplica a autoridades federales, estatales y municipales, asi como a particulares que realicen actividades relacionadas con el desarrollo urbano. Los temas principales que cubre incluyen la planeacion urbana, la gestion del territorio, la infraestructura y los servicios publicos, asi como la participacion ciudadana en los procesos de planeacion. Su importancia practica radica en proporcionar un marco normativo que garantiza un desarrollo urbano sustentable y ordenado, lo que es fundamental para abogados, contadores y ciudadanos interesados en el cumplimiento de regulaciones urbanas y en la defensa de sus derechos en materia de propiedad y desarrollo urbano.
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La Ley General de Asentamientos Humanos establece normas básicas para el uso del territorio y los asentamientos humanos en México, promoviendo el respeto a los derechos humanos. Se busca la coordinación entre diferentes niveles de gobierno para una planeación eficaz y participativa.
Todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones sustentables y equitativas en los asentamientos humanos. El Estado debe promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social en la gestión del territorio.
Este artículo proporciona definiciones esenciales como 'acción urbanística', 'área urbanizable' y 'asentamiento humano', que son cruciales para la interpretación de la ley. Estas definiciones establecen el marco para la gestión del territorio.
La planeación y regulación de asentamientos humanos deben seguir principios como el derecho a la ciudad, equidad, y participación democrática. Estos principios guían la formulación de políticas públicas en el ámbito urbano.
Todas las políticas de ordenamiento territorial deben observar los principios establecidos en el artículo anterior, independientemente del nivel de gobierno. Esto asegura una coherencia en la aplicación de la ley.
Se establecen las causas de utilidad pública relacionadas con el ordenamiento territorial, como la conservación y el crecimiento de centros de población. Esto justifica acciones de expropiación y desarrollo urbano.
Las atribuciones en materia de planeación y ordenamiento territorial son ejercidas de manera concurrente por la Federación, entidades federativas y municipios. Esto fomenta la colaboración entre diferentes niveles de gobierno.
La Federación tiene atribuciones específicas en la formulación de políticas de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, incluyendo la coordinación con otros niveles de gobierno. Esto es esencial para la planeación nacional.
La Secretaría expedirá normas oficiales para establecer lineamientos en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Estas normas son obligatorias para los tres órdenes de gobierno.
Las entidades federativas tienen la responsabilidad de legislar en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, promoviendo la participación ciudadana y el cumplimiento de derechos humanos.
Los municipios son responsables de formular y ejecutar planes de desarrollo urbano, regulando el uso del suelo y promoviendo la igualdad en el acceso a servicios. Su papel es crucial en la gestión local.
La Secretaría promoverá convenios de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, facilitando la colaboración en la gestión de asentamientos humanos. Esto es clave para una gobernanza efectiva.
Los gobiernos municipales y estatales pueden suscribir convenios para asumir funciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, facilitando una gestión más eficiente.
El Consejo Nacional es un órgano consultivo que asesora en la formulación de políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, promoviendo la participación ciudadana.
El titular de la Secretaría determina la organización del Consejo Nacional, asegurando pluralidad y equidad de género en su conformación. Esto es esencial para una representación justa.
El Consejo Nacional tiene diversas facultades que incluyen conocer y opinar sobre políticas y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Estas facultades son esenciales para la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la promoción de la participación ciudadana.
El Consejo Nacional se reunirá anualmente de manera ordinaria y extraordinaria cuando sea necesario. La participación es honorífica, lo que implica que no se recibirán compensaciones económicas.
Los acuerdos del Consejo Nacional serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, asegurando su transparencia y cumplimiento. Esto es fundamental para la ejecución de las políticas establecidas.
Se establece la creación de órganos auxiliares de participación ciudadana para asegurar la consulta y deliberación en políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esto promueve la inclusión de diversas voces en el proceso de planificación.
Los consejos estatales deben ser representativos y considerar la perspectiva de género en su composición. Esto asegura una participación equilibrada de diferentes sectores en la planeación del desarrollo urbano.
Los consejos locales tienen funciones específicas como emitir opiniones y formular propuestas sobre políticas de ordenamiento territorial. Su papel es fundamental para la colaboración entre diferentes niveles de gobierno.
La planeación del ordenamiento territorial es parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática y debe ser coordinada entre diferentes niveles de gobierno. Esto busca lograr un desarrollo equilibrado y sostenible.
La regulación del ordenamiento territorial se llevará a cabo mediante un programa nacional que incluye estrategias y planes a diferentes niveles. Esto asegura un enfoque integral en el desarrollo urbano.
La estrategia nacional de ordenamiento territorial establece un marco de referencia para el desarrollo del país a mediano y largo plazo. Incluye medidas para el desarrollo sustentable y la infraestructura necesaria.
La estrategia nacional de ordenamiento territorial puede ser revisada cada seis años o ante cambios significativos. Este proceso involucra la consulta a diferentes entidades para asegurar su relevancia.
El programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se basa en el diagnóstico de la situación actual y establece políticas y objetivos estratégicos. Es un documento clave para la planificación del desarrollo urbano.
El programa nacional de ordenamiento territorial será aprobado cada seis años y estará sujeto a control y evaluación continua. La participación social es promovida en su elaboración y ejecución.
Los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano son aprobados y ejecutados por las autoridades locales, siguiendo la legislación estatal. La consulta pública es obligatoria para su transparencia.
Las entidades federativas deben considerar lineamientos generales y congruencia con programas nacionales al formular sus programas estatales. Esto asegura una alineación en las políticas de ordenamiento territorial.
La legislación estatal de desarrollo urbano establece procedimientos para la participación del sector social y privado en la formulación de planes. Esto fomenta una colaboración más amplia en el desarrollo urbano.
Este artículo establece la creación de Zonas Metropolitanas o conurbadas cuando existan centros urbanos continuos en diferentes entidades federativas. Se busca una planeación y regulación conjunta para un desarrollo ordenado y coordinado.
La delimitación y constitución de Zonas Metropolitanas debe ser acordada entre la Federación, entidades federativas y municipios. Se establece una comisión de ordenamiento para coordinar acciones e inversiones en estas áreas.
Las zonas metropolitanas en una misma entidad federativa se regularán por la legislación local, coordinándose con autoridades federales y estatales. Se enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la planeación.
Se enumeran los temas de interés metropolitano, como la infraestructura, movilidad, y la gestión del agua. Estos aspectos son cruciales para el desarrollo y ordenamiento del territorio.
La Secretaría emitirá lineamientos para asegurar que los proyectos de interés metropolitano cumplan con sus objetivos. Esto incluye métodos y procedimientos de evaluación.
Se establecerán mecanismos obligatorios para asegurar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la gestión de zonas metropolitanas. Se busca una participación activa de la sociedad.
Los programas de zonas metropolitanas deben incluir diagnósticos, estrategias de desarrollo y políticas de ocupación de suelo. Se busca una planificación integral y sostenible.
Los municipios deben ajustar sus planes de desarrollo urbano a los programas de las zonas metropolitanas en un plazo de un año tras su aprobación. Esto asegura la congruencia en la planeación.
Las megalópolis deben coordinarse en temas de interés metropolitano y resolver problemas urbanos comunes. Se promueve la participación de entidades federativas y municipios.
Los planes de desarrollo urbano deben incluir acciones específicas para la conservación y crecimiento de los centros de población, así como la zonificación correspondiente.
Las entidades federativas y municipios deben promover programas parciales para el mejoramiento y conservación de centros de población. Estos programas pueden abordar diversas materias.
Las leyes locales establecerán esquemas de cooperación entre municipios para crear institutos de planeación en localidades menores a cien mil habitantes. Esto busca una mejor coordinación en temas de interés común.
Las autoridades deben hacer cumplir los planes de desarrollo urbano y la legislación correspondiente. Esto asegura la observancia de las normativas en el ámbito urbano.
Antes de inscribir un plan de desarrollo urbano en el Registro Público, el ayuntamiento debe consultar a la autoridad estatal sobre su congruencia con la planeación. Esto asegura la validez del plan.
Los planes de desarrollo urbano deben considerar los ordenamientos ecológicos y las regulaciones ambientales. Esto garantiza un desarrollo sostenible y responsable.
Los planes de Desarrollo Urbano deben considerar normas oficiales, medidas de resiliencia y análisis de riesgo para definir usos del suelo. Las autorizaciones de construcción deben incluir medidas de mitigación en el marco de la Ley General de Protección Civil.
El ejercicio del derecho de propiedad en centros de población se sujeta a las disposiciones de los planes de Desarrollo Urbano. Esto asegura que el uso de bienes inmuebles esté alineado con las regulaciones urbanísticas.
Las áreas de un centro de población están sujetas a las disposiciones de ordenación urbana dictadas por las autoridades. Las tierras agrícolas y forestales deben ser utilizadas preferentemente para sus fines originales.
La fundación de centros de población requiere un decreto de la legislatura local que incluya provisiones de tierras y un plan de Desarrollo Urbano. Este proceso es esencial para la organización territorial.
La fundación de centros de población debe realizarse en tierras adecuadas, evaluando su impacto ambiental y respetando áreas naturales protegidas. Esto garantiza un desarrollo sostenible.
Los planes municipales de Desarrollo Urbano deben incluir acciones para la conservación y crecimiento de centros de población, así como la zonificación correspondiente. Esto asegura un desarrollo ordenado.
La legislación estatal debe establecer requisitos para la fundación y crecimiento de centros de población, incluyendo la asignación de usos del suelo y la construcción de vivienda adecuada.
Las acciones de mejoramiento y conservación de centros de población deben incluir la protección ecológica y la dotación de espacios públicos seguros. Esto fomenta un entorno urbano saludable.
La legislación estatal debe determinar áreas de reservas para la expansión de centros de población, asegurando que se satisfagan las necesidades de tierra. Esto es clave para un crecimiento planificado.
Las áreas no urbanizables deben utilizarse de acuerdo a su vocación agropecuaria o ambiental, protegiendo así el patrimonio natural. Esto es esencial para la sostenibilidad.
Cualquier acción urbana fuera de un centro de población requiere la aprobación de un nuevo centro o modificación del plan existente. Esto asegura un desarrollo ordenado y regulado.
La legislación local debe garantizar donaciones y cesiones de espacios públicos necesarios para el desarrollo de centros de población. Esto es clave para la infraestructura urbana.
La legislación local debe establecer mecanismos de transparencia en la administración de autorizaciones urbanísticas. Esto fomenta la confianza y la rendición de cuentas.
Los municipios son responsables de formular y administrar la zonificación de los centros de población, asegurando un desarrollo ordenado y sostenible. Esto incluye la identificación de áreas de riesgo.
La legislación local debe establecer requisitos claros para las autorizaciones urbanísticas, incluyendo tiempos de respuesta y procedimientos de impugnación. Esto mejora la eficiencia administrativa.
Los propietarios de inmuebles en zonas de reservas deben utilizarlos de acuerdo con los planes de Desarrollo Urbano. Las áreas fuera de los Centros de Población están sujetas a leyes de equilibrio ecológico y protección ambiental.
El aprovechamiento de predios ejidales en Centros de Población debe cumplir con esta Ley y la Ley Agraria. Se requiere autorización de las autoridades para urbanización o fraccionamiento.
La asamblea ejidal debe seguir esta Ley y las normas locales para regularizar asentamientos humanos irregulares. Se requiere la intervención del municipio correspondiente.
Las legislaciones locales deben establecer estrategias para la gestión de riesgos en asentamientos humanos, incluyendo acciones de prevención y reubicación. Se busca incrementar la resiliencia de las ciudades.
Las normas del capítulo son obligatorias para todos los procesos de ocupación del territorio, buscando prevenir riesgos a la población. Se establece la obligación de mitigar impactos económicos y sociales.
Antes de otorgar licencias para obras en zonas de alto riesgo, se deben solicitar estudios de prevención que demuestren medidas de mitigación. Esto es clave para la seguridad urbana.
Ciertas obras deben contar con estudios de prevención de riesgo, considerando su escala y efecto. Esto incluye infraestructura crítica y servicios públicos.
Las autoridades deben asegurarse del cumplimiento de leyes en materia de prevención de riesgos antes de otorgar autorizaciones para uso urbano. Esto es crucial para la seguridad de la población.
Las autoridades deben garantizar el cumplimiento de normas sobre prevención de riesgos en obras y acciones urbanas. Se promoverán guías de resiliencia urbana.
Las políticas de movilidad deben asegurar que todos los habitantes puedan acceder a servicios y oportunidades en sus Centros de Población. La planeación urbana es fundamental.
Las políticas de movilidad deben priorizar la accesibilidad y promover el uso de transporte no motorizado. Se busca una distribución equitativa del espacio público.
Las entidades deben establecer mecanismos para garantizar el tránsito a la movilidad, incluyendo diagnósticos y gestión de instrumentos en la materia. Esto es clave para una movilidad eficiente.
Se deben promover nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevenir accidentes, priorizando el respeto al peatón y el uso del transporte público. Esto busca mejorar la convivencia urbana.
La creación y mantenimiento del espacio público es una prioridad en la planeación urbana. Se debe privilegiar el diseño y protección de estos espacios para fomentar la movilidad.
El uso del espacio público debe promover la equidad y accesibilidad universal. Se establecen lineamientos para su diseño y preservación.
Las leyes locales deben garantizar que los planes de Densificación aseguren espacios públicos suficientes y conectividad. Además, los predios cedidos para áreas verdes no deben estar en zonas de riesgo o con condiciones topográficas complicadas.
La Federación y entidades locales deben coordinar acciones para establecer políticas sobre reservas territoriales y desarrollo urbano. Esto incluye evitar la especulación y garantizar derechos de vía para la conectividad.
La Secretaría firmará acuerdos con entidades para definir requerimientos de suelo y acciones para el desarrollo urbano. Estos acuerdos buscan asegurar la disponibilidad de suelo y la regularización de la tenencia de la tierra.
La Secretaría promoverá la transferencia de terrenos federales para el desarrollo urbano y la vivienda. Esto incluye la participación de terrenos ejidales y comunales para evitar ocupaciones irregulares.
La incorporación de terrenos ejidales al desarrollo urbano debe cumplir con requisitos específicos, como la necesidad para planes de desarrollo y la dotación de infraestructura. Esto asegura un uso adecuado del suelo.
La enajenación de predios para acciones habitacionales de interés social estará sujeta a la legislación en materia de vivienda. Esto garantiza que se respeten los derechos de los beneficiarios.
La regularización de la tenencia de la tierra se basará en acciones de desarrollo urbano y solo beneficiará a quienes ocupen un predio sin ser propietarios de otro. Esto busca una distribución equitativa.
Se implementarán programas de desarrollo social para integrar a titulares de derechos ejidales en actividades económicas urbanas. Esto incluye capacitación y apoyo a empresas de ejidatarios.
Las entidades gubernamentales tienen derecho de preferencia para adquirir predios en zonas de reserva territorial. Esto busca destinar terrenos a espacios públicos y garantizar su uso adecuado.
Los gobiernos pueden declarar polígonos para el desarrollo estratégico de inmuebles, asegurando que se ajusten a los planes de desarrollo urbano. Esto facilita la ejecución de proyectos urbanos.
Se podrá promover el reagrupamiento de predios para lograr un desarrollo urbano integrado. Esto permitirá aprovechar incentivos y facilitar la ocupación de terrenos subutilizados.
El reagrupamiento de predios deberá cumplir con normas específicas, incluyendo un dictamen de impacto urbano y la administración mediante fideicomiso. Esto asegura la transparencia y equidad en el desarrollo.
Las autoridades deben aplicar mecanismos financieros que carguen costos de infraestructura a quienes se benefician. Esto busca desincentivar predios vacantes y asegurar la financiación adecuada.
Los mecanismos financieros deben alinearse con las prioridades de la Estrategia Nacional y los planes de desarrollo urbano, apoyando acciones y proyectos intermunicipales. Esto busca un desarrollo más organizado.
Los programas territoriales operativos abarcan ámbitos espaciales que pueden incluir uno o varios municipios interrelacionados. Esto busca una planificación más efectiva del desarrollo urbano.
Este artículo establece los propósitos fundamentales de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, destacando la importancia de estrategias integradas y la evaluación de proyectos. Se busca la coordinación entre diferentes niveles de gobierno para optimizar acciones e inversiones.
La ley promueve la participación ciudadana en todas las etapas del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esto implica que los ciudadanos tienen un rol activo en la planeación y ejecución de proyectos urbanos.
Este artículo detalla las áreas en las que las autoridades deben promover la participación social y ciudadana, desde la formulación de planes hasta la supervisión de proyectos. Se busca una mayor transparencia y colaboración en el desarrollo urbano.
Las personas tienen el derecho a obtener información gratuita y veraz sobre planeación urbana y zonificación. Las autoridades están obligadas a difundir esta información, asegurando la transparencia en el uso del suelo.
Las autoridades de planeación deben generar políticas para brindar información sobre autorizaciones y permisos urbanísticos. Se enfatiza la importancia de la difusión en lugares de concurrencia pública.
Se establece la promoción de programas de capacitación para servidores públicos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esto busca mejorar la calidad y eficiencia del servicio público.
Se crea un sistema de información territorial y urbano para organizar y difundir información sobre ordenamiento territorial. Este sistema será parte de la Plataforma Nacional de Información.
Las autoridades deben incluir en sus informes anuales un apartado sobre el avance en planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esto asegura la rendición de cuentas.
Se promueve la creación de observatorios urbanos que involucren a la sociedad y diversas instituciones para estudiar y difundir información sobre problemas socio-espaciales.
Las dependencias de gobierno deben apoyar a los observatorios urbanos proporcionando información y promoviendo investigaciones. Esto busca mejorar la calidad de la información en el desarrollo urbano.
Se establece que los gobiernos deben fomentar la coordinación entre sectores para aplicar planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, incluyendo incentivos fiscales y simplificación de trámites.
Las entidades deben cumplir con la Ley de Disciplina Financiera para acceder a financiamiento para proyectos de desarrollo urbano. Esto asegura la legalidad y viabilidad de los proyectos.
La planeación de obras públicas debe ajustarse a la ley y a los planes de ordenamiento territorial. Esto garantiza que las obras se realicen de manera adecuada y conforme a la normativa.
Las entidades federativas promoverán mecanismos de vigilancia social para asegurar el cumplimiento de normas en el desarrollo urbano. Esto fomenta la participación ciudadana en la supervisión.
Cualquier persona puede denunciar actos que contravengan la ley en materia de ordenamiento territorial. Esto fortalece la rendición de cuentas y la legalidad en el desarrollo urbano.
Este articulo establece el procedimiento para que cualquier persona pueda presentar una denuncia ciudadana por escrito o electrónicamente. Se detallan los requisitos necesarios para que la denuncia sea aceptada y se aclara que no se admitirán denuncias infundadas.
Las autoridades y servidores públicos deben cumplir con las solicitudes de información relacionadas con denuncias. Además, se establece la confidencialidad de la información reservada que se proporcione.
Toda persona que cause daños al ordenamiento territorial será responsable de repararlos, además de enfrentar sanciones penales o administrativas. Se permite solicitar un dictamen técnico para probar daños en juicio.
La violación de esta Ley por parte de servidores públicos conlleva responsabilidades y sanciones conforme a la legislación aplicable. Esto refuerza la importancia del cumplimiento normativo.
Los actos que contravengan esta Ley no surtirán efectos, lo que incluye convenios y contratos relacionados con la propiedad. Esto protege el ordenamiento territorial y los derechos de uso de suelo.
Se establece la nulidad de convenios y contratos que no cumplan con los planes de Desarrollo Urbano. Las autoridades competentes pueden declarar esta nulidad a solicitud de la procuración de justicia.
Los notarios deben verificar la existencia de autorizaciones antes de autorizar actos relacionados con la propiedad. Deben insertar cláusulas que respeten los planes de desarrollo urbano.
Los permisos que contravengan los planes de Desarrollo Urbano no surtirán efectos. Esto incluye la inscripción de actos en registros públicos que no cumplan con la legislación aplicable.
Las inscripciones en registros públicos deben especificar datos sobre zonificación y restricciones de uso de suelo. Esto es esencial para el cumplimiento de los planes de Desarrollo Urbano.
Las dependencias de la Administración Pública Federal deben alinear sus programas de inversión con las políticas de ordenamiento territorial y los planes de Desarrollo Urbano.
Las autoridades que no gestionen la inscripción de planes de Desarrollo Urbano serán sancionadas. Esto subraya la importancia de la formalización de estos planes.
Si no se atienden las recomendaciones de esta Ley, la Secretaría puede hacer público el incumplimiento y aplicar medidas correctivas. Esto enfatiza la responsabilidad de las autoridades.
Se sancionará a quienes permitan ocupaciones irregulares en áreas protegidas o que no respeten la definición de Área Urbanizable. Esto es crucial para la protección del ordenamiento territorial.
Las autoridades deben resguardar los expedientes de autorizaciones y procedimientos administrativos en materia de Desarrollo Urbano, garantizando el acceso a la información pública.
Nuestros especialistas pueden analizar la aplicación de estas disposiciones a tu caso particular.
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