Constitución Política del Perú (1993, reformas hasta 2005)
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La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este artículo establece la base de los derechos fundamentales en la Constitución.
Toda persona tiene derechos fundamentales que incluyen la vida, la igualdad, la libertad de conciencia y de expresión, entre otros. Este artículo es clave para garantizar la protección de los derechos individuales.
Este artículo aclara que la enumeración de derechos en la Constitución no excluye otros derechos que también son garantizados. Refuerza la idea de que la dignidad humana es la base de todos los derechos.
El Estado protege especialmente a niños, adolescentes, madres y ancianos en situación de abandono, así como a la familia. Este artículo establece la importancia de estos grupos en la sociedad.
La unión estable de un varón y una mujer forma una comunidad de bienes sujeta a un régimen de sociedad de gananciales. Este artículo regula aspectos patrimoniales de las uniones de hecho.
El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables, asegurando programas de educación y acceso a medios que no afecten la vida o salud. Este artículo enfatiza la responsabilidad familiar.
Todos tienen derecho a la protección de su salud y a contribuir a su promoción. Este artículo establece la importancia de la salud como un derecho fundamental.
El Estado combate el tráfico ilícito de drogas y regula el uso de tóxicos sociales. Este artículo establece la postura del Estado frente a las drogas.
El Estado determina la política nacional de salud, asegurando un acceso equitativo a los servicios de salud. Este artículo es clave para la organización del sistema de salud.
El Estado reconoce el derecho a la seguridad social, protegiendo a las personas frente a contingencias. Este artículo es fundamental para la protección social.
El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones, supervisando su funcionamiento. Este artículo refuerza el derecho a la salud.
Los fondos y reservas de la seguridad social son intangibles y deben aplicarse según la ley. Este artículo protege los recursos destinados a la seguridad social.
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana y se garantiza la libertad de enseñanza. Este artículo establece el marco educativo del país.
La educación promueve el conocimiento y la práctica de diversas disciplinas, preparando a los ciudadanos para la vida y el trabajo. Este artículo enfatiza la importancia de la educación integral.
El profesorado en la enseñanza oficial es considerado carrera pública, estableciendo derechos y obligaciones. Este artículo regula la profesión docente.
El Estado coordina la politica educativa y asegura el acceso a una educacion adecuada sin importar la situacion economica. Se prioriza la educacion en la asignacion de recursos del Presupuesto de la Republica.
La educacion inicial, primaria y secundaria son obligatorias y gratuitas en instituciones del Estado. Se garantiza el acceso a la educacion superior gratuita para alumnos con buen rendimiento y recursos limitados.
La educacion universitaria busca la formacion profesional, la difusion cultural y la investigacion. Las universidades son autonomas y se rigen por sus propios estatutos.
Las instituciones educativas gozan de inafectacion de impuestos y beneficios tributarios para donaciones y becas. La ley regula la fiscalizacion de estas instituciones.
Los colegios profesionales son instituciones autonomas con personalidad de derecho publico. La ley establece los casos de colegiacion obligatoria.
Los bienes culturales son patrimonio de la nacion y estan protegidos por el Estado. Se fomenta la participacion privada en su conservacion y difusion.
El trabajo es un deber y un derecho fundamental, base del bienestar social y medio de realizacion personal. El Estado protege este derecho.
El Estado prioriza la proteccion del trabajo, especialmente para grupos vulnerables. Se promueven condiciones para el progreso social y economico.
Los trabajadores tienen derecho a una remuneracion equitativa y suficiente. El pago de salarios tiene prioridad sobre otras obligaciones del empleador.
La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. Los trabajadores tienen derecho a descansos remunerados.
Se respetan principios de igualdad, irrenunciabilidad de derechos y favorable interpretacion al trabajador en caso de duda.
La ley otorga al trabajador proteccion adecuada contra el despido arbitrario, garantizando sus derechos laborales.
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, garantizando su ejercicio democrático.
El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participacion.
Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años, requiriendo inscripcion electoral para ejercer la ciudadania.
El Estado promueve y protege la libre competencia, combatiendo prácticas que limiten esta libertad y el abuso de posiciones dominantes. Se prohíbe la creación de monopolios en medios de comunicación y otros sectores relacionados con la libertad de expresión.
La libertad de contratar asegura que las partes pueden pactar según las normas vigentes, sin que leyes posteriores alteren los términos acordados. Los conflictos contractuales deben resolverse en arbitraje o vía judicial.
La inversión nacional y extranjera se rige por las mismas condiciones, garantizando la libertad en la producción y comercio exterior. El Estado puede adoptar medidas en defensa del interés nacional ante prácticas discriminatorias de otros países.
El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, permitiendo a los ciudadanos y empresas manejar sus finanzas en diferentes divisas.
El Estado defiende los derechos de los consumidores, garantizando su acceso a información sobre bienes y servicios, así como su salud y seguridad.
Los recursos naturales son patrimonio de la Nación, y su aprovechamiento está bajo la soberanía del Estado, que regula su uso mediante leyes.
El Estado establece la política nacional del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales para garantizar su conservación.
El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, asegurando su preservación para futuras generaciones.
El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía mediante legislación adecuada, buscando equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental.
El derecho de propiedad es inviolable y garantizado por el Estado, que solo puede privar de ella por razones de seguridad nacional o necesidad pública, con indemnización previa.
Los extranjeros tienen los mismos derechos de propiedad que los peruanos, aunque existen restricciones en zonas cercanas a las fronteras para la adquisición de ciertos bienes.
La ley puede establecer temporalmente restricciones y prohibiciones para la adquisición y posesión de determinados bienes por razones de seguridad nacional.
Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, aunque pueden ser concedidos a particulares para su aprovechamiento económico bajo ciertas condiciones.
Los tributos solo pueden ser creados, modificados o derogados por ley, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y evitando tributos confiscatorios.
El Estado garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales, regulando las operaciones de endeudamiento interno y externo conforme a la ley.
Este articulo establece la postura del Perú respecto a la Antártida, promoviendo su conservación y la explotación equitativa de sus recursos. Refleja el compromiso del país con la investigación científica y la protección del ecosistema.
Este articulo establece las restricciones para que ciertos funcionarios públicos puedan postularse al Parlamento Nacional. Incluye ministros, miembros del Tribunal Constitucional y otros altos funcionarios que deben renunciar seis meses antes de las elecciones.
El articulo detalla que la función de congresista es de tiempo completo y prohíbe el ejercicio de otras profesiones durante su mandato. También establece incompatibilidades con ciertos cargos en empresas que contratan con el Estado.
Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni pueden ser procesados sin autorización del Congreso. Esto les otorga una protección especial en el ejercicio de sus funciones.
El Congreso tiene la facultad de elaborar y aprobar su propio Reglamento, que tiene fuerza de ley. Este reglamento regula su organización y atribuciones.
El mandato legislativo es irrenunciable y las sanciones disciplinarias impuestas por el Congreso no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
Los congresistas pueden solicitar informes a diversas instituciones, y la falta de respuesta puede acarrear responsabilidades legales.
El Congreso puede iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público y tiene acceso a información sensible, como el secreto bancario.
El Presidente de la República debe poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo su solicitud.
La Comisión Permanente tiene la responsabilidad de acusar a altos funcionarios ante el Congreso por infracciones a la Constitución y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El Congreso puede decidir sobre la suspensión o destitución de funcionarios acusados, garantizando el derecho a la defensa durante el proceso.
La Comisión Permanente es elegida por el Congreso y tiene atribuciones específicas, incluyendo la designación de altos funcionarios y la aprobación de créditos suplementarios.
El Congreso tiene diversas atribuciones, incluyendo la creación de leyes, la aprobación de tratados y la autorización de empréstitos.
Las leyes no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal que favorezca al reo. La derogación de leyes solo puede hacerse por otra ley.
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, bajo ciertas condiciones.
Los proyectos de ley deben ser aprobados por la respectiva Comisión dictaminadora antes de ser sancionados, salvo excepciones.
Los órganos jurisdiccionales examinan la razonabilidad de las acciones que restringen derechos durante estados de emergencia, sin cuestionar la declaración de estos estados.
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están sometidos al Código de Justicia Militar.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura gozan de beneficios y derechos, pero también deben cumplir con obligaciones e incompatibilidades. Esto asegura un equilibrio en su desempeño.
Las resoluciones administrativas que causan estado pueden ser impugnadas a traves de la accion contencioso-administrativa. Esto permite a los ciudadanos cuestionar decisiones administrativas que afecten sus derechos.
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, respetando los derechos fundamentales. La ley regula la coordinacion con el Poder Judicial.
El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la seleccion y nombramiento de jueces y fiscales, garantizando su independencia. Su funcionamiento se rige por su Ley Organica.
La Academia de la Magistratura se encarga de la formacion y capacitacion de jueces y fiscales, siendo requisito para el ascenso la aprobacion de estudios especiales.
Los Jueces de Paz son elegidos popularmente, y su desempeño es regulado por ley. Esto asegura que la justicia en niveles locales sea accesible y representativa.
Los jueces y fiscales tienen prohibido participar en politica, sindicarse y declararse en huelga, garantizando su imparcialidad y dedicacion al servicio judicial.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene varias funciones, incluyendo nombrar y ratificar jueces y fiscales, y aplicar sanciones. Esto asegura la calidad y responsabilidad en el sistema judicial.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por diversas instancias, garantizando representatividad y diversidad en su conformacion. Su mandato es de cinco años.
Los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura son similares a los de un Vocal de la Corte Suprema, asegurando un nivel adecuado de competencia.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso, asegurando responsabilidad en su desempeño.
El Ministerio Público es autónomo y su Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Esto garantiza su independencia en la defensa de la legalidad.
El Ministerio Público tiene diversas funciones, incluyendo promover la acción judicial y velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Esto es clave para la defensa de los intereses públicos.
El proyecto de presupuesto del Ministerio Público es aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y presentado ante el Poder Ejecutivo y el Congreso. Esto asegura la transparencia en su financiamiento.
La Defensoría del Pueblo es autónoma y debe ser colaborada por los órganos públicos. Su titular es elegido por el Congreso y tiene inmunidad similar a la de los congresistas.
La Defensoría del Pueblo defiende derechos constitucionales y supervisa la administración estatal. Presenta informes al Congreso y tiene iniciativa en la formación de leyes.
El Estado garantiza la seguridad de la Nación a través del Sistema de Defensa Nacional, que es integral y permanente. Todas las personas están obligadas a participar en esta defensa según la ley.
La dirección y organización del Sistema de Defensa Nacional es responsabilidad del Presidente de la República, quien determina los procedimientos de movilización.
Las Fuerzas Armadas, compuestas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, garantizan la independencia y la integridad territorial del país.
La Policía Nacional tiene la misión de garantizar el orden interno y la seguridad, así como de prevenir y combatir la delincuencia.
El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, dirigiendo sus acciones.
Las leyes determinan la organización y funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como su disciplina y preparación.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional.
La ley asigna fondos para satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, destinados exclusivamente a fines institucionales.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, así como en la defensa civil.
El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo, con recursos aprobados en la Ley de Presupuesto.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar en caso de delitos de función.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen equivalencias en grados, honores, remuneraciones y pensiones, reguladas por la ley.
Solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra, que son propiedad del Estado sin indemnización.
El sistema electoral busca asegurar que las votaciones reflejen la voluntad auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean precisos. Sus funciones incluyen la organización de procesos electorales y el mantenimiento de un registro de identificación.
El sistema electoral está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Cada entidad actúa de manera autónoma y coordinada.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de fiscalizar la legalidad del sufragio, mantener registros de organizaciones políticas y administrar justicia electoral. También tiene iniciativa en la formación de leyes electorales.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por cinco miembros elegidos por diferentes entidades, garantizando una representación diversa. El presidente es elegido entre los magistrados de la Corte Suprema.
Los miembros del Pleno del Jurado deben tener entre 45 y 70 años, ser elegidos por un periodo de cuatro años y no pueden tener otros cargos públicos. Esto asegura la experiencia y dedicación en sus funciones.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones toma decisiones finales en materia electoral, las cuales no son revisables. Esto otorga una autoridad decisiva en la administración electoral.
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza los procesos electorales y es responsable de la elaboración del presupuesto y la difusión de resultados. Su nombramiento es por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es responsable de inscripciones y de mantener actualizado el padrón electoral. Su función es clave para la identificación de los ciudadanos.
El Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de un proceso electoral si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total emitido. Esto asegura la validez de los resultados.
El escrutinio de votos se realiza de manera pública y continua en las mesas de sufragio, siendo revisable solo en casos de error material o impugnación. Esto garantiza la transparencia del proceso.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales emite instrucciones para mantener el orden y la libertad personal durante los comicios, siendo de cumplimiento obligatorio para las fuerzas del orden.
En elecciones pluripersonales se establece un sistema de representación proporcional, facilitando el voto de peruanos en el extranjero. Esto promueve una mayor inclusión en el proceso electoral.
La descentralización es una política de Estado que busca el desarrollo integral del país, permitiendo una adecuada asignación de competencias y recursos a gobiernos regionales y locales.
El territorio de la República se organiza en regiones, departamentos, provincias y distritos, garantizando un gobierno a nivel nacional, regional y local. Esto asegura la unidad del Estado.
Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas con características históricas y económicas. El proceso de regionalización incluye la elección de gobiernos regionales y referendos para cambios de circunscripciones.
Este articulo permite a quienes se consideren lesionados en sus derechos constitucionales recurrir a tribunales internacionales una vez agotada la jurisdicción interna. Esto abre la puerta a la defensa de derechos en instancias superiores.
El articulo detalla el proceso para la aprobación de reformas constitucionales, incluyendo la necesidad de mayoría absoluta en el Congreso y la posibilidad de omitir referéndum en ciertas condiciones. También establece quiénes pueden iniciar reformas.
Nuestros especialistas pueden analizar la aplicación de estas disposiciones a tu caso particular.
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