La Ley de Planeacion (LPlan) regula el proceso de planeacion en el sector publico federal, estableciendo los lineamientos y procedimientos que deben seguir las entidades y organismos para la formulacion de planes y programas. Esta ley aplica a todas las dependencias y entidades de la administracion publica federal, asi como a los organismos descentralizados y a las empresas de participacion estatal. Los temas principales que cubre incluyen las disposiciones generales, la planeacion y programacion de acciones, y los mecanismos de coordinacion y evaluacion de los resultados. Su importancia practica radica en que proporciona un marco normativo que garantiza la eficiencia y eficacia en la gestion de recursos publicos, lo cual es fundamental para abogados, contadores y ciudadanos interesados en la transparencia y rendicion de cuentas en el ejercicio del gasto publico.
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Este artículo establece las disposiciones de la Ley de Planeación, que son de orden público e interés social. Se detallan los principios y normas para la planeación nacional del desarrollo y la participación de la sociedad en este proceso.
La planeación se basa en principios que buscan un desarrollo equitativo, incluyente y sustentable del país. Se enfatiza la importancia de la igualdad de derechos y la protección de los derechos humanos en el proceso de planeación.
Se define la planeación nacional de desarrollo como la ordenación sistemática de acciones para transformar la realidad del país. Este proceso incluye la fijación de objetivos y la asignación de recursos.
El Ejecutivo Federal es responsable de conducir la planeación nacional del desarrollo, asegurando la participación democrática de la sociedad. Este artículo refuerza la importancia de la rendición de cuentas.
El Ejecutivo Federal debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y enviarlo a la Cámara de Diputados para su aprobación. Este proceso es clave para la ejecución de políticas públicas.
El Presidente debe informar al Congreso sobre el estado de la administración pública y los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. Este artículo establece un mecanismo de rendición de cuentas.
Al enviar iniciativas de leyes de ingresos y proyectos de presupuesto, el Presidente debe informar sobre su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto asegura la coherencia en la política pública.
Las Secretarías de Estado deben informar anualmente al Congreso sobre el avance en los objetivos de la planeación nacional. Este artículo promueve la rendición de cuentas y la transparencia.
Las dependencias deben planear con perspectiva intercultural y de género, promoviendo la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Este enfoque es esencial para un desarrollo equitativo.
Los proyectos de iniciativas de leyes y reglamentos deben señalar su relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto asegura que las políticas estén alineadas con los objetivos establecidos.
En caso de duda sobre la interpretación de esta Ley, el Ejecutivo Federal resolverá a través de la Secretaría de Hacienda. Este artículo establece un mecanismo de interpretación administrativa.
Las dependencias y entidades de la administración pública formarán parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, asegurando un enfoque coordinado en la planeación nacional.
Las disposiciones reglamentarias establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, asegurando su efectividad.
La Secretaría de Hacienda coordinará las actividades de planeación nacional y elaborará el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, considerando las propuestas de diversas entidades.
La Secretaría de Hacienda participará en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, proyectando ingresos y asegurando el cumplimiento de los objetivos del Plan.
Este articulo detalla las responsabilidades de las dependencias de la Administracion Publica Federal en la elaboracion del Plan Nacional de Desarrollo. Incluye la coordinacion de programas sectoriales y la vigilancia de su congruencia con los objetivos establecidos.
Este articulo establece las obligaciones de las entidades paraestatales en la elaboracion de programas sectoriales y presupuestos. Resalta la importancia de considerar variables ambientales y sociales en su desarrollo.
La Secretaría de la Función Pública es responsable del control interno y la evaluacion de la gestion gubernamental en el cumplimiento del Plan y programas. Este articulo establece un marco para la rendicion de cuentas.
El Presidente de la República puede establecer comisiones intersecretariales para coordinar actividades de planeacion nacional. Estas comisiones pueden incluir subcomisiones para programas especiales.
Este articulo promueve la participacion y consulta de grupos sociales en la planeacion nacional. Busca asegurar que las voces de la poblacion, incluyendo comunidades indigenas, sean escuchadas en la elaboracion de programas.
El Ejecutivo Federal debe consultar previamente a las comunidades indigenas para que emitan opinion en asuntos del ambito indigena. Esta disposicion garantiza la participacion de pueblos originarios en la toma de decisiones.
El Presidente envia el Plan Nacional de Desarrollo a la Camara de Diputados antes del ultimo dia habil de febrero siguiente a su toma de posesion, con plazo de dos meses para aprobacion. El Plan se publica en el Diario Oficial dentro de 20 dias naturales.
El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir vision de largo plazo de politica nacional de fomento economico con horizonte de hasta veinte anos. Enfatiza promocion de productividad, competitividad y crecimiento sostenible.
El Plan debe contener diagnostico, ejes prioritarios, objetivos especificos, estrategias, indicadores de desempeno y metas. Esta estructura obliga a un enfoque metodologico sistematico y medible.
El Plan indicara los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales a elaborar. Estos observaran congruencia con el Plan y su vigencia no excedera el periodo constitucional.
Los programas sectoriales especifican objetivos, prioridades y politicas del sector administrativo correspondiente. Incluyen estimaciones de recursos e identifican instrumentos y responsables.
Los programas institucionales se sujetan al Plan y programa sectorial correspondiente. Las entidades paraestatales elaboran estos programas conforme a esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.
Los programas regionales se refieren a regiones prioritarias o estrategicas cuya extension territorial rebasa el ambito de una entidad federativa. El Ejecutivo designa dependencia responsable de coordinacion.
Los programas especiales se refieren a prioridades del desarrollo integral o actividades que involucran dos o mas dependencias. El Ejecutivo designa dependencia coordinadora responsable.
Los programas derivados deben contener diagnostico, objetivos alineados, estrategias, lineas de accion, indicadores estrategicos incluyendo igualdad de genero, y demas elementos legales.
Para ejecucion del Plan y programas, dependencias y entidades elaboran anteproyectos de presupuestos considerando aspectos administrativos, economicos, sociales, ambientales y tecnologicos.
El Plan y programas especifican acciones sujetas a coordinacion con gobiernos de entidades federativas e induccion o concertacion con grupos sociales interesados.
Programas regionales y especiales son aprobados por Presidente a traves de Secretaria de Hacienda. Programas sectoriales requieren aprobacion presidencial a traves de dependencia coordinadora y dictamen de Hacienda.
Programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales se publican en Diario Oficial segun plazos emitidos por Ejecutivo. Sectoriales y especiales deben publicarse dentro de seis meses post-publicacion del Plan.
El Ejecutivo revisa los programas considerando participacion social e indigena. Se pueden realizar adecuaciones segun procedimientos establecidos en disposiciones reglamentarias.
Una vez aprobados, Plan y programas son obligatorios para dependencias de Administracion Publica Federal en ambito de sus competencias. Se pueden concertar con grupos sociales e inducir acciones de particulares.
El Ejecutivo puede convenir coordinacion con organos constitucionales autonomos y gobiernos de entidades federativas para participacion conjunta en planeacion nacional, incluyendo municipios y demarcaciones.
El Ejecutivo puede convenir con gobiernos de entidades federativas: participacion en planeacion nacional, procedimientos de coordinacion multiples ordenes gobierno, lineamientos metodologicos, programas regionales y ejecucion conjunta.
El Ejecutivo define participacion de organos de Administracion Publica centralizada que actuen en entidades federativas en actividades de planeacion local.
El Ejecutivo ordena la publicacion en Diario Oficial de la Federacion de los convenios suscritos con gobiernos de entidades federativas.
El Ejecutivo Federal puede concertar acciones del Plan y programas con grupos sociales, particulares y comunidades indigenas, promoviendo participacion equilibrada de mujeres y hombres. Establece marco para convenios con entidades paraestatales.
Los contratos y convenios de concertacion son de cumplimiento obligatorio, incluyendo consecuencias y sanciones por incumplimiento para garantizar el interes general y ejecucion oportuna.
Los contratos y convenios conforme a la Ley de Planeacion son de Derecho Publico, y las controversias se resuelven en tribunales federales.
Presupuestos, leyes de ingresos e instrumentos de politica economica, social y ambiental deben ser congruentes con objetivos y prioridades del Plan y sus programas.
Las politicas que regulen acciones de particulares en materia economica, social y ambiental deben ajustarse a objetivos y prioridades del Plan y sus programas.
Servidores publicos que contravengan disposiciones de la Ley de Planeacion seran sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las responsabilidades administrativas son independientes de responsabilidades penales o politicas que deriven de los mismos hechos.
Articulo derogado por reforma del 16 de febrero de 2018.
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