Estatuto del Consumidor colombiano. Regula garantías, publicidad, responsabilidad del productor y comercializador, protección en comercio electrónico y jurisdicción especial.
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Este artículo establece los objetivos fundamentales de la ley, que incluyen la protección y promoción de los derechos de los consumidores. Se enfoca en la dignidad, la información adecuada y la educación del consumidor.
Define el ámbito de aplicación de la ley, regulando las relaciones entre productores, proveedores y consumidores. Establece que se aplicará en ausencia de regulaciones especiales.
Establece los derechos y deberes generales de los consumidores, incluyendo el derecho a recibir productos de calidad y a obtener información veraz sobre ellos.
Las disposiciones de esta ley son de orden público y deben interpretarse en favor del consumidor. Establece que cualquier estipulación en contrario es nula.
Proporciona definiciones esenciales para entender los términos utilizados en la ley, como 'calidad', 'consumidor' y 'garantía'.
Define las plataformas electrónicas que conectan a proveedores y consumidores, facilitando la relación de consumo. Este artículo también menciona que el Gobierno reglamentará esta materia.
Establece la obligación de productores y proveedores de responder por la calidad y seguridad de los productos. Define las condiciones bajo las cuales se aplica la garantía.
Define el plazo de la garantía legal, que comienza a contarse a partir de la entrega del producto. Establece condiciones específicas para productos nuevos y usados.
Establece las condiciones bajo las cuales se suspende el término de la garantía, como en caso de reparación o cambio de producto.
Define que la responsabilidad por la garantía legal recae solidariamente en productores y proveedores. Establece las condiciones para demostrar incumplimiento.
Detalla las obligaciones que corresponden a la garantía legal, incluyendo reparación gratuita y disponibilidad de repuestos.
Establece la obligación de expedir constancias al consumidor al entregar un producto para garantía o reparación, indicando los detalles de la misma.
Los productores y proveedores pueden ofrecer garantias suplementarias que amplien la cobertura de la garantia legal. Estas garantias deben contar con la aceptacion expresa del consumidor y pueden ser otorgadas por terceros especializados.
Las garantias suplementarias deben ser escritas, claras y legibles. Esto asegura que el consumidor entienda sus derechos y obligaciones al respecto.
Los productos imperfectos, usados o reparados deben ser claramente identificados al consumidor. Esto incluye la responsabilidad de informar sobre cualquier defecto o deterioro.
Este artículo menciona disposiciones generales aplicables a la ley, aunque no se especifican en el texto proporcionado. Es importante entender su contexto para la aplicación de la ley.
Los productores deben informar a la autoridad sobre su identidad y la de su representante legal antes de comercializar productos. Esto incluye cumplir con regulaciones técnicas.
Al prestar servicios que impliquen la entrega de bienes, se deben seguir reglas específicas para la documentación y custodia del bien. Esto incluye la emisión de recibos detallados.
Los miembros de la cadena de producción deben informar sobre productos defectuosos que puedan afectar la salud o seguridad de los consumidores, dentro de un plazo específico.
El productor y el expendedor son responsables solidariamente por los daños causados por productos defectuosos, incluyendo lesiones y daños a terceros.
Para establecer la responsabilidad por daños, el afectado debe demostrar el defecto del bien y el nexo causal con el daño. Existen presunciones en caso de violaciones a normas sanitarias.
Se establecen causales específicas que permiten exonerar a los productores de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, como fuerza mayor o culpa exclusiva del afectado.
Los proveedores deben ofrecer información clara y suficiente sobre sus productos. La falta de información adecuada puede generar responsabilidad por daños.
Se especifica la información mínima que los productores deben suministrar, incluyendo instrucciones de uso y fecha de vencimiento. Esto es crucial para la seguridad del consumidor.
Los productos nocivos deben indicar claramente su naturaleza y las condiciones de uso. Esto es vital para la seguridad del consumidor.
Los proveedores deben informar claramente el precio de venta al público, incluyendo impuestos y costos adicionales. Esto asegura transparencia en las transacciones.
Los consumidores tienen derecho a exigir constancia de sus operaciones de consumo, lo que incluye facturas o documentos equivalentes.
Se establece la necesidad de reglamentar la información que se suministra a niños y adolescentes como consumidores, protegiendo sus derechos.
Las condiciones anunciadas en la publicidad son obligatorias para el anunciante. Esto implica que cualquier incumplimiento puede generar responsabilidades legales y daños al consumidor.
Se prohíbe la publicidad engañosa, y el anunciante es responsable de los daños causados. Los medios de comunicación solo serán responsables en casos de dolo o culpa grave.
La publicidad de productos nocivos debe advertir sobre su peligrosidad y consultar las condiciones de uso. El Gobierno puede regular esta publicidad.
El anunciante puede exonerarse de responsabilidad solo en casos de fuerza mayor o si la publicidad fue adulterada sin su conocimiento.
Las condiciones de promociones y ofertas deben ser claras y comunicadas al consumidor. La falta de información puede invalidar la promoción.
Prohíbe ofrecer productos no solicitados que generen costos al consumidor. El consumidor no debe asumir gastos de devolución.
Establece que no se puede ofrecer un producto que el consumidor no ha aceptado, especialmente si genera un costo. También menciona la no obligación del consumidor a devolver productos no solicitados.
Define las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio para supervisar y controlar el cumplimiento de los reglamentos técnicos. Incluye la posibilidad de imponer sanciones.
Establece la creación de una red que agrupa diversas entidades para proteger los derechos de los consumidores. La Superintendencia actuará como Secretaría Técnica.
El artículo establece que cada ministerio debe facilitar espacios para discutir políticas relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores.
Establece que los Agentes del Ministerio Público deben iniciar investigaciones disciplinarias por incumplimientos en la protección al consumidor.
La Superintendencia puede cobrar tasas por servicios relacionados con la protección al consumidor, fijando tarifas que cubran costos de servicios prestados.
Este articulo menciona la necesidad de modificar ciertos articulos de la ley vigente. Las modificaciones pueden impactar las obligaciones y derechos de los consumidores y proveedores.
Este articulo ha sido derogado, lo que implica que ya no tiene validez legal. Es importante estar al tanto de los articulos vigentes para evitar confusiones.
Este articulo establece la necesidad de concordancia con otros articulos de la ley, asegurando una aplicacion coherente de las disposiciones legales.
Este articulo permite al consumidor pagar anticipadamente el precio pendiente en un contrato de compraventa a plazos, sin intereses no causados ni sanciones.
Este articulo define los bienes muebles para uso domestico y establece que el precio por pago de contado debe ser igual al de pago a credito, sumando el costo de financiacion.
Este articulo establece el marco legal para la protección de los derechos de los consumidores en Colombia. Se dictan disposiciones que buscan garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios ofrecidos.
Este artículo establece la obligación de controlar y vigilar la calidad y seguridad de productos y servicios. Se relaciona con la responsabilidad de las entidades encargadas de esta supervisión.
Los Agentes del Ministerio Publico deben iniciar investigaciones por incumplimiento de funciones en proteccion al consumidor. Los alcaldes y gobernadores tienen la obligacion de responder a las peticiones relacionadas con sus decisiones.
El Gobierno Nacional fijara tasas basadas en costos de servicios y factores sociales, economicos y geograficos. Se establece un metodo para calcular estas tasas considerando costos fijos, variables y economias de escala.
Este articulo permite a las entidades estatales celebrar convenios con asociaciones de consumidores para proteger sus derechos. La Red Nacional de Proteccion al Consumidor se encargara de difundir estos derechos y recibir reclamaciones administrativas.
Este articulo establece que la Ley 1564 de 2012 rige a partir del 1o. de enero de 2014, afectando la aplicacion de normas anteriores. Es crucial entender la transicion entre leyes.
Este articulo remite a la legislacion anterior, indicando que el texto vigente hasta esa fecha debe ser consultado. Esto es relevante para entender el contexto legal.
Nuestros especialistas pueden analizar la aplicación de estas disposiciones a tu caso particular.
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