Se imponen multas y penas de prisión a quienes realicen proselitismo o interfieran en el proceso de consulta popular. Esto busca garantizar la libertad y transparencia en la consulta ciudadana.
Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien durante el procedimiento de consulta popular:
I. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;
II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas;
III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento de consulta popular.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Durante las consultas populares, es vital respetar la libre expresión del voto. Las sanciones por interferir son severas y deben ser conocidas por todos los participantes.
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