La Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede cancelar el registro de sociedades que incumplan con la ley. Se especifican las causas y el procedimiento para dicha cancelación, así como las consecuencias legales para las sociedades afectadas.
B.- Para operar como centro cambiario y como transmisor de dinero, las sociedades
anónimas deberán organizarse de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Mercantiles, así como registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo cual deberán
ajustarse a los requisitos siguientes:
I. Que, tratándose de centros cambiarios, su objeto social sea exclusivamente la realización, en
forma habitual y profesional, de las operaciones a que se refiere el artículo 81-A de esta Ley. En
el caso de transmisores de dinero, el objeto social no estará limitado a la realización de las
operaciones a que se refiere el artículo 81-A Bis de esta Ley, con excepción de lo dispuesto en
el artículo 81-A de la misma Ley.
En el caso de centros cambiarios, estas sociedades deberán agregar a su denominación social
la expresión "centro cambiario". Por su parte, los transmisores de dinero deberán incluir en
cualquier propaganda y anuncio, la referencia de que se trata de un "transmisor de dinero".
II. Que en sus estatutos sociales se prevea que, en la realización de su objeto, la sociedad deberá
ajustarse a lo previsto en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.
III. Que cuenten con establecimientos físicos destinados exclusivamente a la realización de su
objeto social.
IV. Que acompañen a su solicitud la relación e información de las personas que directa o
indirectamente pretendan mantener una participación en el capital social del centro cambiario o
transmisor de dinero a registrar, la cual deberá contener el monto del capital social que cada
una de ellas suscribirá.
LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Última Reforma DOF 14-11-2025
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
V. Que, dentro de los tres días hábiles siguientes a que la sociedad de que se trate haya inscrito
en el registro señalado en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles la
transmisión de cualquiera de sus acciones por más del dos por ciento de su capital social
pagado, den aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de dicha transmisión.
VI. Que cuenten con el dictamen técnico favorable a que se refiere el artículo 86 Bis de la presente
Ley.
VII. Que presenten la información adicional que le requiera la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores mediante disposiciones de carácter general.
Las sociedades a las que se les hubiere otorgado el mencionado registro deberán presentar a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores los datos de su inscripción ante el Registro Público de
Comercio, en un plazo que no deberá exceder de quince días hábiles contados a partir del otorgamiento
del mismo.
En todo caso, dichas sociedades deberán obtener cada tres años la renovación del registro a que se
refiere este artículo, en términos de las disposiciones de carácter general que para estos efectos emita la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la cual será necesario, al menos, obtener el dictamen
referido en la fracción VI.
Tratándose del registro a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores determinará, mediante disposiciones de carácter general, qué información será
pública, debiendo darle difusión a través de su página electrónica en Internet. El registro contendrá
anotaciones respecto de cada centro cambiario o transmisor de dinero, que podrán referirse, entre otras,
a la suspensión de operaciones, los procedimientos de clausura y a la suspensión o cancelación de los
contratos a que se hace referencia en los artículos 64 y 95 Bis de esta Ley, así como a la cancelación del
registro para operar como centro cambiario o como transmisor de dinero, conforme a lo establecido en el
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Es crucial que las sociedades mantengan el cumplimiento normativo para evitar la cancelación de su registro y las implicaciones legales que esto conlleva.
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