Durante la Declaratoria, autoridades locales deben atender reuniones de coordinacion, aportar informacion, prestar auxilio, mantener inversion en infraestructura, asegurar cumplimiento de requisitos de personal y presentar informes periodicos de avance.
Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:
I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas;
II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;
III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;
IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla;
V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia;
VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;
VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley, y
VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Este articulo es fundamental pues detalla las obligaciones vinculantes de autoridades estatales y municipales. El incumplimiento genera responsabilidades administrativas bajo el Sistema Nacional Anticorrupcion; conviene documentar minuciosamente la asistencia a reuniones y entrega de informes para proteger a las administraciones locales.
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