Se establece una pena de prisión de dos a nueve años para precandidatos, candidatos y funcionarios partidistas que utilicen fondos, bienes o servicios de manera indebida durante actos de campaña. Esta disposición busca garantizar la transparencia y legalidad en la financiación de campañas electorales.
Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Es crucial que los candidatos y sus equipos comprendan las implicaciones legales del manejo de recursos durante las campañas. La transparencia en la financiación puede prevenir sanciones severas.
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