Cuando la persona infractora es un servidor público, las Autoridades garantes deben remitir un expediente a la autoridad competente para que se investigue y se imponga la sanción correspondiente. Esto asegura un proceso justo.
En aquellos casos en que la persona presunta infractora tenga la calidad de persona servidora pública, las Autoridades garantes deberán remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción a la autoridad denunciante.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] La correcta remisión de expedientes es vital para el proceso sancionador. Las entidades deben asegurarse de documentar adecuadamente las infracciones para facilitar la investigación.
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