El funcionario que se apropia de caudales públicos enfrenta penas de hasta 15 años. Este artículo busca proteger los recursos del Estado de la corrupción interna.
Peculado doloso y culposo El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años, y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. La pena será privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella. 2. Los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social o de desarrollo. 3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. 4. El valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa. Artículo modificado por los siguientes dispositivos: 1. Ley 26198 , publicada el 13 de junio de 1993 (link: lpd.pe/2Xqby ). 2. Ley 29703 , publicada el 10 de junio de 2011 (link: bit.ly/44QPEYz ). 3. Ley 29758 , publicada el 21 de julio de 2011 (link: lpd.pe/peEOx ). 4. Ley 30111 , publicada el 26 de noviembre de 2013 (link: bit.ly/3DHBjlh ). 5. DL 1243 , publicado el 22 de octubre de 2016 (link: bit.ly/43TBLY8 ). 6. Ley 31178 , publicada el 28 de abril de 2021 (link: bit.ly/44T2tBs ). Ver jurisprudencia aquí .
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El peculado representa un riesgo significativo para la integridad de los recursos públicos, y su incumplimiento puede llevar a severas sanciones y a la pérdida de confianza en la administración pública.
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