Sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, con penas de cuatro a seis años. Agravantes pueden aumentar la pena significativamente.
Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con cien a ciento ochenta días-multa. Constituyen circunstancias agravantes los siguientes supuestos: 1. Si en la ejecución de las conductas previstas en el primer párrafo el agente atenta contra la integridad física de las personas o causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 2. Si las conductas recaen, causando grave daño, sobre recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales para desarrollar y mantener las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos conforme a la ley de la materia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho años ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Se aplica la pena de inhabilitación conforme a lo señalado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 36 del Código Penal para los supuestos agravantes. Artículo modificado por los siguientes dispositivos: 1. Ley 27686 , publicada el 19 de marzo de 2002 (link: bit.ly/3OGz2gr ). 2. Ley 28820 , publicada el 22 de julio de 2006 (link: bit.ly/3Qpu5Kn ). 3. Ley 29583 , publicada el 18 de setiembre de 2010 (link: bit.ly/44StWn3 ). 4. DL 1245 , publicado el 6 de noviembre de 2016 (link: bit.ly/4597cPk ). 5. DL 1589 , publicado el 4 de diciembre de 2023 (link: lpd.pe/pn3JO ). Ver jurisprudencia aquí .
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Interrumpir servicios públicos puede resultar en sanciones severas, especialmente si se causa daño a personas o propiedades, lo que representa un riesgo alto para la reputación de su empresa.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo