Los funcionarios que allanan domicilios sin seguir los procedimientos legales enfrentan penas de uno a tres años de privacion de libertad. Se busca proteger los derechos de los ciudadanos.
Allanamiento ilegal de domicilio El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3. Ver jurisprudencia aquí . CAPÍTULO IV: VIOLACIÓN DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Los funcionarios deben actuar dentro del marco legal para evitar sanciones que pueden afectar su carrera y la confianza pública.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
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