Se establece que las Procuradurías y Fiscalías deben contar con agentes del Ministerio Público especializados en justicia para adolescentes, quienes tienen responsabilidades específicas para garantizar los derechos de los adolescentes.
El Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes Las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de las entidades federativas contarán con agentes del Ministerio Público o Fiscales Especializados en Justicia para Adolescentes que, además de las obligaciones y atribuciones previstas por la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y leyes aplicables, tendrán las siguientes:
I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas adolescentes;
II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en desarrollo y diferente al destinado a los adultos;
III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su disposición, sobre su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con uno, informar de inmediato a la Defensoría Pública para que le sea designado un defensor;
IV. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en su caso, a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su situación jurídica y los derechos que le asisten;
LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Última Reforma DOF 20-12-2022 Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios
V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la persona detenida;
VI. Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, a su familia, la información sobre la investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el Código Nacional;
VII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de oportunidad, en los términos de esta Ley, el Código Nacional y demás disposiciones aplicables;
VIII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos alternativos, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiariedad;
IX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la víctima u ofendido, y
X. Las demás que establece esta Ley.
CAPÍTULO III DE LA DEFENSA
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] La especialización del Ministerio Público es vital para proteger los derechos de los adolescentes. Los abogados deben asegurarse de que se respeten estos derechos durante el proceso judicial.
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