Establece la obligación de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y sectores para implementar servicios de atención a víctimas. Esta colaboración es clave para una respuesta efectiva.
El Gobierno Federal, de las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley. Artículo reformado DOF 03-05-2013, 03-01-2017
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Los abogados deben estar al tanto de cómo se coordinan estos servicios en su localidad, ya que esto puede influir en la calidad de la atención que reciben sus clientes.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
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