LGE

Artículo 102. Atención a localidades marginadas

Las autoridades educativas priorizarán la atención a escuelas en localidades marginadas, garantizando condiciones adecuadas para la educación inclusiva y acceso a servicios básicos.

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Texto Legal

Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades. Párrafo reformado DOF 01-04-2024

En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa.

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.

Análisis SDV Asesores

Interpretación práctica por el equipo de SDV

[IA] Atender a las escuelas en localidades marginadas es crucial para reducir el rezago educativo. Las autoridades deben implementar programas específicos que mejoren la infraestructura y el acceso a servicios.

Preguntas Frecuentes

¿Qué establece el Artículo 102 del LGE?

Las autoridades educativas priorizarán la atención a escuelas en localidades marginadas, garantizando condiciones adecuadas para la educación inclusiva y acceso a servicios básicos.

¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 102 de la LEY de Educación?

[IA] Atender a las escuelas en localidades marginadas es crucial para reducir el rezago educativo. Las autoridades deben implementar programas específicos que mejoren la infraestructura y el acceso a servicios.

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