Los funcionarios que autorizan proyectos no conformes con la ley enfrentarán penas de dos a cuatro años de prisión. Esto incluye inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley El funcionario o servidor público que autoriza o se pronuncia favorablemente sobre un proyecto de urbanización para otra actividad no conforme con los planes o usos previstos por los dispositivos legales o el profesional que informa favorablemente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años e inhabilitación de un año a tres años conforme al artículo 36° incisos 1, 2 y 4. Artículo modificado por la Ley 29263 , publicada el 2 de octubre de 2008 (link: bit.ly/3Kqdjab ).
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Los funcionarios deben actuar con diligencia al autorizar proyectos para evitar sanciones. Las empresas deben asegurarse de que sus propuestas cumplan con la normativa vigente para evitar problemas legales.
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