Artículo Sección 4. Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría de Bienestar, con datos de la Cuenta Pública (2019- 2024) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (2025), publ

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Planeación y Análisis de la Secretaría de Bienestar, con datos de la Cuenta Pública (2019- 2024) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (2025), publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, https:// www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos. Nota: Las cifras se expresan en millones de pesos corrientes. En paralelo, se destacan los esfuerzos del Gobierno de México y de los órganos que lo integran para propiciar la cooperación entre los sectores público y privado mediante acciones conjuntas en favor de la sociedad mexicana. Por ejemplo, en 2025 se suscribieron acuerdos en materias clave para la economía de las personas, tales como la contención de la inflación en los productos de la canasta básica a través de la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acción que asegura un precio máximo de $910 pesos para los veinticuatro productos que integran dicha canasta (Presidencia de la República, 2025); así como la renovación de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, orientada a mantener el precio de la gasolina en $24 pesos por litro (excepto en las zonas fronterizas), que en septiembre de 2025 tuvo su segundo refrendo (SENER, 2025). El paradigma del bienestar busca garantizar el acceso a los derechos fundamentales de toda la población mexicana, mediante la generación de condiciones mínimas para que todas las personas puedan vivir una vida digna. Esta visión se articula a partir de las distintas políticas públicas, marco de los proyectos, pensiones y programas prioritarios que tejen una red de protección social a lo largo del ciclo de vida de las personas. Como una acción de justicia y reivindicación histórica, esta red de protección y su correspondiente inversión social se ejecuta bajo la encomienda de atender como prioridad las demandas de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, rezago social y a los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, la población indígena y afromexicana, y la población que habita en zonas con alto y muy alto grado de marginación. De igual relevancia es la puesta en marcha de la política nacional de infraestructura, la cual contempla proyectos estratégicos como el Programa Nacional de Infraestructura Carretera (PNIC) 2025-2030 i , mediante el cual se da continuidad a proyectos iniciados en el periodo 2018-2024 i y se establecen diez nuevos corredores troncales, que mejorarán la conectividad e impulsarán el desarrollo social y económico de distintas regiones del país. De acuerdo con el PNIC, se instrumentarán programas carreteros específicos para los estados de Oaxaca y Guerrero, así como la construcción de dieciocho puentes y viaductos en todo el territorio nacional. Asimismo, la inversión en infraestructura del Segundo Piso de la Transformación abarca sectores clave como el transporte ferroviario de carga y de pasajeros; la energía; la infraestructura de salud; la seguridad; las obras hídricas, así como la atención y prevención del Estado ante desastres naturales. Bajo la política de bienestar, dichas acciones se orientan a revertir condiciones estructurales de desigualdad. En este marco se inscribe el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, cuyo propósito es reducir la pobreza y el rezago social en zonas rurales mediante un enfoque territorial, integral e intercultural, que atienda las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada comunidad (Gobierno de México, 2025b). Si bien este proyecto inició en 2024, ha adquirido un papel protagónico por su ámbito de acción, al desarrollarse en la Cuenca del Río Balsas, una de las regiones hidrográficas más importantes del país, que comprende parcialmente ocho entidades federativas: Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Su implementación se articula en torno a ejes temáticos relacionados con el fortalecimiento del gobierno y la organización comunitaria; la educación indígena intercultural; la economía, los sistemas productivos y las artesanías; la salud y la medicina tradicional; la cultura, la lengua y la identidad; la infraestructura básica; y los derechos de las mujeres indígenas. Para este año se realizaron trabajos de conservación periódica y rutinaria en 12 mil 533 kilómetros de carreteras federales en ocho estados del país. Se impulsó el desarrollo de infraestructura educativa para nueve bachilleratos, la apertura de una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala y la construcción de un preescolar en Puebla. De igual forma, se inició la construcción de más de 5 mil viviendas para personas con ingresos inferiores a dos salarios mínimos en esta zona, se implementaron cinco programas de ordenamiento territorial, se han realizado caravanas para fomentar la participación de mujeres en la propiedad social e implementado obras de infraestructura básica y obra comunitaria. Bajo la premisa de que el Segundo Piso de la Transformación representa la continuidad en la construcción del bienestar; mediante la articulación de proyectos estratégicos - entre ellos el Plan General Lázaro Cárdenas, los Proyectos México y aquellos diseñados para los sectores de energía, agua o medio ambiente - , así como las pensiones y los programas prioritarios de bienestar. En su conjunto, estas acciones contribuyen a la consolidación de un Estado de Bienestar enfocado en atender las necesidades de todas las personas mexicanas, a partir de la generación de nuevos empleos, la diversificación de las actividades económicas regionales, la creación de polos de desarrollo y el aseguramiento de la red de protección derivada de los programas sociales. La red de protección del Gobierno de México se sustenta en el principio de " por el bien de todos primero los pobres " y se traduce en mejoras en las condiciones de vida de las personas, al reducir su vulnerabilidad frente a la pobreza como fenómeno social. En la Gráfica 4 se observa que las transferencias otorgadas en el marco de las pensiones y los programas prioritarios de bienestar han sido cruciales para reducir la pobreza en el país. De acuerdo con el Análisis de los Resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024 del INEGI, estos apoyos son la segunda fuente del ingreso corriente trimestral per cápita de los hogares beneficiados, ya sea mediante los apoyos monetarios o en especie. Para dimensionar su impacto, se estima que, en ausencia de las pensiones y los programas prioritarios, el porcentaje de la población en pobreza habría aumentado de 29.6% a 32.8% en 2024, lo que equivaldría a 4.2 millones de personas adicionales que caerían en esta situación. De igual forma, sin esta red de protección social, la pobreza extrema habría pasado de 5.3% al 6.9% de la población, lo que habría implicado que aproximadamente 2 millones de personas más en se encontraran en esta situación (INEGI, 2025b). Gráfica 4. Efecto de los Programas de bienestar en la reducción de la pobreza, 2024 (millones de personas y
porcentaje