Artículo Sección 1. ACUERDO por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2026. Al margen un

ACUERDO por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2026. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Bienestar.- Secretaría de Bienestar. ARIADNA MONTIEL REYES, Secretaria de Bienestar, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5 fracción XXIV y 39 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, y CONSIDERANDO
Que el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), dispone que los lineamientos y criterios que establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, debiendo utilizar la información generada por el propio INEGI, independientemente de otros datos que se estime conveniente; Que el mismo ordenamiento, en el artículo 37 establece que las mediciones de pobreza que realice el INEGI deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años; Que el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), señala que las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y por conducto de éstas, a los Municipios y Demarcaciones Territoriales, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, a través de ocho Fondos, entre los que se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Que el artículo 33, apartado A, de la LCF, establece que las obras y acciones que se realicen con los recursos del FAIS se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, que realice la Secretaría de Bienestar de conformidad con lo dispuesto en la LGDS para la medición de la pobreza. Asimismo, precisa que la Secretaría de Bienestar deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de enero, el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales; Que el artículo antes referido en su apartado B, fracción II, inciso f), establece que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, deberán reportar trimestralmente a la Secretaría de Bienestar, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de la misma Ley, y con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales; Que el artículo 5 de la Ley General de Población (LGP), estipula que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos; Que de acuerdo con el artículo 9, párrafo segundo del Reglamento de la Ley General de Población, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal incluirán en la formulación y ejecución de sus programas y acciones las previsiones, consideraciones y criterios demográficos federales elaborados por el CONAPO; y Que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, mediante oficio No. ATDT/CNTD/DGSA/CGR/0092/ 2026 de fecha 15 de enero de 2026 ha emitido la Constancia de Exención de Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO
SOCIAL DE LAS ENTIDADES, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL
2026
PRIMERO. Se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2026, con base en la información oficial disponible y vigente. SEGUNDO. El objeto del presente Informe es proporcionar un compendio de información vigente a nivel territorial sobre la situación de la pobreza, el rezago social, la inversión en infraestructura social básica, así como información sociodemográfica y económica que, en conjunto, permitan orientar la planeación y la toma de decisiones en la implementación de las políticas públicas. TERCERO. El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social a nivel entidad y a nivel municipal y demarcación territorial, podrá consultarse en la dirección electrónica referida en el Anexo Único del presente Acuerdo. TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de enero de 2026.- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes .- Rúbrica. Anexo Único
El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales puede consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones
territoriales para el ejercicio fiscal 2026
Presentación El Gobierno de México, bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, construye el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. En seguimiento a principios como " no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera " y " por el bien de todos, primero los pobres " , se refrenda el compromiso del Estado mexicano para desarrollar condiciones de bienestar, sustentadas en una visión de prosperidad compartida, orientada a que el crecimiento económico no solo beneficie a las élites, sino que se traduzca en mejores condiciones para todas las familias mexicanas, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Esta administración impulsa un modelo de desarrollo orientado a mejorar el bienestar de la población mediante políticas públicas basadas en la inclusión, la igualdad y el acceso efectivo a los derechos. Dicho enfoque se sustenta en los principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025 - 2030, los cuales promueven una gestión pública con perspectiva social, fortalecen la cohesión comunitaria y orientan la acción gubernamental hacia la reducción de las brechas de desigualdad. Conforme a lo dispuesto en el PND 2025-2030, para avanzar hacia un país con bienestar, la Presidenta definió cien compromisos de gobierno, organizados en catorce repúblicas, articulados en cuatro ejes generales: I. Gobernanza con justicia y participación ciudadana, II. Desarrollo con bienestar y humanismo, III. Economía moral y trabajo y IV. Desarrollo sustentable; así como tres ejes transversales 1. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, 2. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y 3. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas (Gobierno de México, 2025a). Estos ejes, generales y transversales en conjunto, tienen la finalidad de reducir la pobreza y erradicar las condiciones que perpetúan la desigualdad en nuestro país. La planeación nacional refleja que la renovación del pacto social avanza. Para dar continuidad a la reducción sistemática de la pobreza resulta necesario mantener a las personas de los sectores históricamente más desatendidos como eje central de las políticas públicas, promover prácticas de honestidad y austeridad y diseñar planes, programas y acciones guiados por la justicia social, la redistribución de la riqueza y el acceso equitativo a los derechos fundamentales. Los resultados de la transformación son una realidad y resuenan más allá de las fronteras. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2024, la región latinoamericana registró una disminución de la cantidad de población en situación de pobreza, atribuible, principalmente, a las acciones implementadas por México, que contribuyó con el 60% de la reducción. En el caso de la pobreza extrema, México ha reducido un 49% de esta a nivel continental (CEPAL, 2025). Cuadro 1. América Latina (12 países): variación de las tasas de pobreza extrema y pobreza, 2024 (en puntos
porcentuales)
País
Pobreza
País
Pobreza extrema
Honduras -4.2
Honduras -3.0
Costa Rica -3.3
Colombia -1.5
Rep. Dominicana -3.3
Paraguay -1.2
México -3.1
Rep. Dominicana -0.8
Colombia -2.5
Brasil -0.7
Paraguay -2.2
Costa Rica -0.7
Brasil -1.9
Perú -0.7
Perú -1.4
México -0.6
Uruguay -0.5
Ecuador 0.1
Ecuador 1.0
Uruguay 0.1
Argentina 1.2
Argentina 0.1
Panamá 1.9
Panamá 0.8
Fuente: Elaboración de la Dirección General de Planeación y Análisis, a partir de CEPAL, Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, Chile, 2025. Según la CEPAL, sin la contribución de México y Brasil, la pobreza regional se habría reducido apenas 0.8 puntos porcentuales, es decir del 35.1% en 2023 al 34.3% en 2024 y las tasas de pobreza se habrían mantenido un punto porcentual por encima de los niveles de 2019. Un escenario muy similar se habría registrado en el caso de la pobreza extrema, cuya reducción habría sido de solo 0.4 puntos porcentuales, situándose 1.1 puntos porcentuales por encima del valor de 2019. En contraste, entre 2014 y 2024, la mayoría de los países de América Latina registró una tendencia a la baja en las tasas de pobreza y pobreza extrema, y el efecto fue más marcado en la pobreza total que en la pobreza extrema. En este contexto, México destaca como el país que logró las reducciones más significativas en pobreza, con un promedio anualizado de 2.3 puntos porcentuales, y en pobreza extrema, con 0.8 puntos porcentuales. Asimismo, El Salvador y República Dominicana mostraron reducciones sustanciales en pobreza, con promedios anuales de 1.9 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente, además de presentar mejoras en pobreza extrema. Por su parte, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) en su Informe mundial sobre la brecha de Género (Global Gender Gap Report, GGGP) 2025, señaló que México avanzó diez posiciones en la reducción de las brechas de género, al ubicarse en el lugar 23 de un total de 148 economías. Dicho resultado se deriva de un indicador que se desprende de una escala donde " 1 " representa la igualdad de género, y se estima a partir de cuatro subindicadores: participación económica y oportunidades, nivel de estudios, salud y supervivencia, y empoderamiento político. Para México, el índice reportado fue de 0.776 (WEF, 2025). Al analizar los componentes del indicador, observamos que México ocupa el noveno lugar en empoderamiento político, con una puntuación de 0.522, reflejo del consistente incremento de la representación de las mujeres en los tres poderes de gobierno. Además, con una puntuación de 0.98, comparte el primer lugar con 17 economías en el rubro " salud y supervivencia " , al registrar indicadores favorables en la proporción de nacimientos y en la esperanza de vida de mujeres y hombres, hecho que hace eco de las mejoras en los sistemas de salud. En cuanto al nivel educativo, el máximo nivel de estudios de las mujeres es estimado con 0.993 puntos, lo cual visibiliza las áreas de oportunidad para fortalecer la participación de las mujeres en la educación superior, particularmente en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por otra parte, con 0.609 puntos se observa que la mayor brecha entre mujeres y hombres en México se presenta en la categoría de " participación económica y oportunidad " , asociada a la desigualdad laboral y a las barreras que enfrentan las mujeres que limitan su inserción plena y equitativa en la economía (WEF, 2025). Ambos reportes reflejan una realidad dinámica y compleja, cuyo pasado neoliberal acarreó desigualdad y marginación; pero cuya visión de futuro marca un camino hacia un nuevo paradigma de prosperidad compartida con resultados positivos y avances sólidos. En este sentido, se visibiliza la necesidad de continuar la atención de las grandes desigualdades históricas, mediante acciones de justicia social para grupos que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas indígenas y afromexicanas o quienes viven en condiciones de pobreza, marginación y rezago social. De esta manera, la mejora de los ingresos de las personas se mantiene como una de las prioridades del Gobierno de México. Tal avance ha sido posible gracias a la adopción de un enfoque de bienestar que reconoce al salario, al empleo y a la protección social como pilares del desarrollo económico. Desde una perspectiva humanista y de derechos, la política pública ha incorporado criterios redistributivos en las decisiones económicas, fortaleciendo la capacidad del Estado para incidir en las condiciones de vida de la población, tomando en consideración la necesidad de acciones afirmativas diferenciadas que atiendan la paridad de género, bajo el principio de transversalidad. En materia salarial, se ha impulsado un cambio que busca corregir el rezago acumulado, provocado por décadas de políticas neoliberales de contención de sueldos y remuneraciones; acompañadas de una desvinculación sistemática respecto de la productividad de las personas trabajadoras. Este nuevo enfoque reconoce que la mejora sostenida de los ingresos laborales es un componente central para dinamizar la demanda interna y fortalecer la cohesión social, lo que ha permitido transitar hacia un modelo de crecimiento más incluyente. En esta línea, el fortalecimiento del salario representa una acción de justicia social y redistribución económica, al tratarse del principal componente del ingreso corriente total de las personas trabajadoras, cuyo incremento amplía su capacidad de acceso a bienes y servicios. De este modo, la política salarial ha propiciado un círculo virtuoso, que deriva en la reducción histórica de la pobreza multidimensional en México entre 2018 y 2024. La recuperación sostenida del salario mínimo representa un cambio en el modelo de desarrollo del país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México registró el aumento salarial más alto en términos reales entre los países que integran a esta organización. " Entre enero de 2021 y enero de 2025, el salario mínimo real aumentó un 56.7%, el mayor incremento entre los países de la OCDE y muy por encima del promedio de los países que integran esta organización, que fue de 8.8% " . Como se muestra en la Gráfica 1, entre 2018 y 2025, el salario mínimo general aumentó 216%, al pasar de $88.40 a $278.80 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se registró un incremento acumulado de 375%, alcanzando $419.90 pesos diarios (OCDE, 2025). Para el año 2026, los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) determinaron que el salario mínimo general para este año será de $315.04 y $440.87 pesos para la ZLFN (CONASAMI, 2025b), lo que representa un incremento sostenido de 257% y 399%, respectivamente, en comparación con el año 2018. Este cambio de la política salarial se encuentra alineado con el objetivo establecido para el año 2030, que busca aumentar los salarios hasta que cada persona trabajadora pueda disponer de un ingreso equivalente a 2.5 veces el precio de la canasta básica. Gráfica 1. Salario mínimo nominal de México, 2018-2026 (pesos por día)