En las acciones civiles por infracción de los derechos de propiedad industrial, la autoridad nacional competente tendrá facultad para ordenar la práctica de pruebas o la aportación de informaciones por parte del presunto infractor, sin perjuicio de la salvaguardia de la información confidencial. Si la parte requerida no cumple con la orden de aportación de pruebas o informaciones en forma injustificada, se podrán extraer conclusiones desfavorables de esa omisión.
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
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